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El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, estaría impidiendo que Venezuela cubra los costos de la defensa legal del exmandatario Nicolás Maduro en Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico. Esta acción, según su abogado, podría vulnerar el derecho constitucional de Maduro a contar con representación legal.

La semana pasada, el abogado Barry Pollack notificó a un juez federal en Manhattan, a través de un correo electrónico, que el Departamento del Tesoro estadounidense bloqueó la autorización para el pago de honorarios jurídicos que el gobierno venezolano está obligado a cubrir para Maduro y su esposa, Cilia Flores, según sus leyes. El correo electrónico fue incorporado al expediente judicial el miércoles.

Maduro y Flores se encuentran detenidos en Nueva York sin derecho a fianza desde su captura, en enero, durante una operación encubierta llevada a cabo por fuerzas militares estadounidenses en su residencia venezolana. Ambos han declarado su inocencia.

Esta captura, precedida por un despliegue militar estadounidense en el Caribe durante meses, ha facilitado que la administración Trump ejerza una influencia considerable sobre Delcy Rodríguez, la vicepresidenta que asumió la presidencia encargada de Venezuela. Bajo presión de Washington, Rodríguez ha tomado medidas rápidas, incluyendo la apertura de la industria petrolera venezolana a la inversión estadounidense, la liberación de presos políticos y el restablecimiento de la comunicación directa con la capital estadounidense, una situación que no se veía desde el cierre de la embajada de Estados Unidos en Caracas en 2019.

Según el correo electrónico de Pollack, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro inicialmente aprobó el pago de los honorarios legales el 9 de enero. Sin embargo, menos de tres horas después, la autorización fue revocada “sin explicación”, aunque se mantuvo una licencia para cubrir los honorarios de los abogados de Cilia Flores.

La controversia por los honorarios legales de Maduro está directamente relacionada con la política exterior de Estados Unidos. La administración Trump rompió relaciones con Maduro en 2019 al reconocer a un líder opositor como el presidente legítimo de Venezuela, una postura que ha mantenido el gobierno del presidente Joe Biden.

Permitir que el gobierno de Rodríguez pague la defensa de Maduro podría complicar la estrategia de los fiscales para contrarrestar el argumento del exmandatario de que su captura fue ilegal y que, como jefe de Estado extranjero, goza de inmunidad frente a la persecución penal, de acuerdo con la legislación estadounidense y el derecho internacional.

Una acusación formal de 25 páginas detalla cómo Maduro y otros individuos estarían involucrados en la facilitación del envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos, en colaboración con cárteles de la droga y miembros de las fuerzas armadas. Si son declarados culpables, Maduro y su esposa podrían enfrentar cadena perpetua.

La acusación también alega que, dentro de la supuesta conspiración, Maduro y su esposa habrían ordenado secuestros, agresiones y asesinatos de personas que les debían dinero relacionado con el narcotráfico, incluyendo la muerte de un líder local del narcotráfico en Caracas.

Hasta el momento, no se han recibido respuestas a las solicitudes de comentarios dirigidas al Departamento del Tesoro, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia.

Pollack informó que el 11 de febrero solicitó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros que restableciera la licencia original para permitir que Venezuela cumpla con su obligación de pagar los costos de la defensa de Maduro. El abogado añadió que Maduro “no puede costear de otro modo un abogado” y que solicitará asistencia al juez para cubrir sus gastos legales.

Pollack argumenta que Estados Unidos está “interfiriendo con la capacidad del señor Maduro de contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, conforme a la Sexta Enmienda (constitucional), a contar con un abogado de su elección”.

Goodman informó desde Miami. Los periodistas de The Associated Press Aamer Madhani y Fatima Hussein en Washington, y Larry Neumeister en Nueva York contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

La Reserva Federal (Fed) mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia el miércoles, situándola en alrededor del 3,6%, tras haberla reducido en tres ocasiones el año anterior.

En un comunicado, el banco central señaló que se observan indicios de estabilización en el mercado laboral y que el crecimiento económico ha sido “sólido”, una mejora con respecto a la calificación de “modesto” utilizada el mes pasado.

Ante una economía en expansión y sin señales de debilitamiento en la creación de empleo, los responsables de la política monetaria de la Fed parecen poco inclinados a acelerar nuevos recortes de tasas. Si bien la mayoría anticipa nuevas reducciones en los costos de los préstamos a lo largo del año, muchos condicionan esta decisión a la evidencia de que la inflación se acerca al objetivo del 2% establecido por el banco central. La inflación, medida por el índice preferido de la Fed, se situó en 2,8% en noviembre, ligeramente superior al año anterior.

Dos miembros del comité de política monetaria expresaron su desacuerdo con la decisión: los gobernadores Stephen Miran y Christopher Waller, quienes abogaban por una reducción adicional de un cuarto de punto. Stephen Miran fue designado por el presidente Donald Trump en septiembre y había votado en contra en las tres reuniones previas, proponiendo recortes de medio punto. Christopher Waller, por su parte, está siendo considerado por la Casa Blanca para suceder a Jerome Powell, cuyo mandato finaliza en mayo.

Se espera que la decisión de la Fed de mantener las tasas sin cambios genere críticas por parte de Trump, quien ha presionado repetidamente a Powell para que implemente recortes más agresivos, a pesar de que la decisión no recae únicamente en el presidente de la Fed. Las reducciones en la tasa clave de la Fed suelen traducirse en menores costos de financiamiento para hipotecas, préstamos automotrices y créditos comerciales, aunque estas tasas también se ven influenciadas por las dinámicas del mercado.

Uno de los principales desafíos que enfrenta la Fed es determinar la duración de esta pausa en los recortes de tasas. El comité de política monetaria se encuentra dividido entre quienes prefieren esperar a una mayor disminución de la inflación antes de considerar nuevas reducciones, y aquellos que abogan por bajar las tasas para estimular aún más la contratación.

En diciembre, solo 12 de los 19 participantes del comité apoyaron al menos un recorte adicional de tasas este año. La mayoría de los analistas económicos pronostican que la Fed recortará las tasas en dos ocasiones durante este año, posiblemente en la reunión de junio o en una fecha posterior.

La reunión de la Fed se llevó a cabo en un contexto de presión sin precedentes por parte de Trump. Powell reveló el 11 de enero que la Fed había recibido citaciones del Departamento de Justicia como parte de una investigación criminal relacionada con su testimonio ante el Congreso sobre una renovación de 2.500 millones de dólares en la sede de la institución. Powell denunció, en un video con un tono inusualmente directo, que las citaciones eran un pretexto para castigar al banco central por no reducir las tasas de manera más rápida.

La semana pasada, la Corte Suprema revisó el intento de Trump de destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, basándose en acusaciones de fraude hipotecario, las cuales ella niega. En los 112 años de historia de la entidad monetaria, ningún presidente ha destituido a un gobernador. Durante la audiencia oral, los jueces parecían inclinarse a permitir que Cook permanezca en su cargo hasta que se resuelva el caso.

Simultáneamente, Trump ha insinuado que está cerca de nombrar un nuevo presidente para la Fed, en reemplazo de Powell, una vez que finalice su mandato en mayo. El anuncio podría realizarse esta semana, aunque ya se ha pospuesto en el pasado.

Los economistas sugieren que los esfuerzos del presidente por presionar a la Fed podrían haber resultado contraproducentes, ya que incluso algunos senadores republicanos han expresado su apoyo a Powell y han amenazado con bloquear cualquier nombramiento propuesto por Trump.

De los 19 miembros del comité de política monetaria de la Fed, solo 12 tienen derecho a voto, incluyendo los siete miembros de la junta de gobernadores, el presidente de la Fed de Nueva York y un grupo rotativo de cuatro presidentes de los bancos regionales de la Fed.

Este año, Beth Hammack (Fed de Cleveland), Neel Kashkari (Fed de Minneapolis), Lorie Logan (Fed de Dallas) y Anna Paulson (Fed de Filadelfia) participarán en las votaciones sobre las tasas de interés. Todos han manifestado recientemente cierto escepticismo sobre la necesidad de nuevos recortes a corto plazo.

Se espera que mayores reembolsos de impuestos en los próximos meses impulsen el gasto del consumidor, según las previsiones de los economistas. Además, un crecimiento económico más rápido podría eventualmente estimular la creación de empleo, que ha sido notablemente débil a pesar de la expansión económica.

La falta de creación de empleo ha contribuido a que los consumidores mantengan una perspectiva pesimista sobre la economía. El índice de confianza del consumidor del Conference Board cayó a su nivel más bajo en 11 años en enero, según informó el grupo de investigación empresarial el martes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.