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La innovadora ley californiana sobre el plástico de un solo uso se está erosionando lentamente debido a las presiones internas del estado. Ahora, los ataques legales desde fuera amenazan con paralizarla por completo.

A principios de este mes, un juez federal en Oregón suspendió temporalmente algunas partes de su ley sobre el plástico de un solo uso, similar a la de California, mientras decide si viola las leyes antimonopolio y de protección al consumidor.

Al mismo tiempo, 10 fiscales generales republicanos enviaron cartas directamente a empresas que participan en campañas de reducción de plástico, instándolas a detenerse.

Amenazaron con acciones legales contra Costco, Unilever, Coca-Cola y otras 75 empresas por participar en el Pacto del Plástico, el Foro de Bienes de Consumo y la Coalición de Envases Sostenibles. Estas iniciativas involucran activamente a la industria en la reducción del plástico, pero las cartas alegan que las empresas están coludiendo contra los consumidores “para retirar productos del mercado sin considerar la demanda del consumidor, la eficacia del producto o el costo e impacto de un producto de reemplazo para los consumidores”.

Las acusaciones de colusión y conspiración corporativa son centrales en ambos casos.

Expertos en embalaje y defensores de la reducción de residuos señalan que la demanda y las cartas enviadas a Costco y otras compañías resaltan las vulnerabilidades de varias leyes de residuos de California, incluida la fundamental Ley de Prevención de la Contaminación por Plásticos y Responsabilidad del Productor (SB 54). En cuestión están las llamadas leyes de Responsabilidad Extendida del Productor.

Estas leyes trasladan el costo de la limpieza y la eliminación de residuos a las empresas que fabrican los materiales (plástico, pintura o alfombras), en lugar de a los consumidores, las ciudades y los municipios.

En 2024, un informe del fiscal general de California, Rob Bonta, estimó que las ciudades del estado gastan colectivamente más de mil millones de dólares cada año en la gestión de residuos. En 2023, se vendieron o distribuyeron 2,9 millones de toneladas de plástico de un solo uso (o 171.400 millones de piezas), según un análisis estatal.

Estas leyes de responsabilidad del productor enfatizan la idea de una “economía circular”: que el productor de un material debe considerar su destino, asegurando que pueda reutilizarse o reciclarse, o al menos reducirse.

Las leyes organizan a las empresas en entidades, llamadas Organizaciones de Responsabilidad del Productor (ORP), que generalmente supervisan la gestión de las leyes, establecen tarifas y las recaudan de los miembros.

En la demanda de Oregón, la Asociación Nacional de Distribuidores Mayoristas alega que una organización de responsabilidad del producto sancionada por el estado impuso tarifas onerosas y opacas a los miembros de su grupo comercial.

“Su estructura de tarifas fue diseñada en secreto por los miembros de la junta directiva de la ORP”, dijo Eric Hoplin, presidente y director ejecutivo del grupo.

“Oregón está intentando construir un sistema de reciclaje estatal otorgando una amplia autoridad a una entidad privada para imponer lo que equivale a impuestos ocultos a empresas y consumidores”, dijo Brian Wild, jefe de relaciones gubernamentales de los mayoristas. “Esta ley aumenta los precios, protege la toma de decisiones de la supervisión y favorece a las grandes empresas verticalmente integradas en detrimento de los competidores más pequeños”.

El grupo al que se refiere, la Alianza de Acción Circular, es la misma que supervisa la ley de plástico de un solo uso de California. Amazon, Colgate-Palmolive, General Mills y Procter & Gamble forman parte de ella.

Sin embargo, otros sostienen que las leyes de California son sólidas.

“Las leyes de Responsabilidad Extendida del Productor son políticas públicas aprobadas por las legislaturas e implementadas con supervisión gubernamental”, dijo Heidi Sanborn, directora ejecutiva de la National Stewardship Action Council, que aboga por estas leyes y una economía más circular.

Ayudó a redactar muchas de las leyes de residuos de California, incluida la SB 54, y también participó en la ley de Oregón. “Crean reglas claras y consistentes para que todos los productores contribuyan de manera justa al costo del reciclaje y la gestión de residuos”, afirmó.

El senador Benjamin Allen (D-Santa Monica), autor de la SB 54, dijo que la ley de plástico de California fue diseñada para evitar violar las leyes antimonopolio.

CalRecycle declinó hacer comentarios.

Algunos defensores, sin embargo, esperan que las leyes de California fracasen. Entre ellos se encuentra Jan Dell, de Last Beach Cleanup, un grupo antiplástico con sede en Laguna Beach.

Los programas de Responsabilidad Extendida del Productor “se basan en la falsa premisa de que el plástico es reciclable y son contraproducentes porque blanquean el plástico y obstaculizan soluciones probadas, como las prohibiciones estratégicas de las peores formas de contaminación plástica (por ejemplo, bolsas de un solo uso, anillos de seis latas)”, escribió Dell en un correo electrónico.

Sin embargo, incluso estos pueden ser problemáticos si no se hacen cumplir. Dell señaló la prohibición de facto del poliestireno de la SB 54, que entró en vigor el 1 de enero de 2025.

“¡Todavía se vende material de espuma de poliestireno en 250 tiendas Smart and Final en todo el estado!”, dijo. “Es totalmente increíble e indignante afirmar que CalRecycle alguna vez hará cumplir las regulaciones sobre miles de tipos de embalaje cuando no puede hacer cumplir las regulaciones sobre ¡SOLO UNO!”