Más de 30 nuevas leyes entrarán en vigor en Texas el 1 de enero de 2026, tras ser firmadas por el gobernador republicano Greg Abbott. Estas medidas abarcan una amplia gama de áreas, incluyendo impuestos, vivienda, tecnología, seguros, empleo, energía y la cooperación con las autoridades federales en materia de inmigración, un tema especialmente relevante en el contexto de las políticas de la Administración Trump hacia las comunidades migrantes.
Los alguaciles de los condados que gestionan cárceles deberán formalizar la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a través del programa federal 287(g). Esta normativa permitirá a agentes locales, previa capacitación, llevar a cabo funciones de control migratorio dentro de las instalaciones carcelarias, incluyendo la verificación del estatus migratorio de los detenidos.
La ley también contempla un programa de subvenciones estatales, que oscilarán entre 80.000 y 140.000 dólares según la población del condado, para cubrir los costos de implementación. Mientras que sus defensores argumentan que fortalecerá la seguridad pública, los críticos advierten sobre posibles efectos negativos en la confianza de la comunidad y el riesgo de perfiles raciales.
Esta ley busca agilizar los procesos judiciales para el desalojo de personas que ocupan propiedades sin título legal, comúnmente conocidos como “squatters”. Simplifica los plazos procesales y limita las posibilidades de dilación.
Organizaciones dedicadas a la vivienda han manifestado su preocupación por una posible reducción de las protecciones para los inquilinos, aunque la ley mantiene los requisitos básicos de notificación y el derecho a la apelación. Algunas disposiciones de esta ley ya entraron en vigor en septiembre de 2025, mientras que el resto se aplicarán a partir de enero de 2026.
Texas establece con esta ley uno de los marcos regulatorios más amplios del país para el uso de sistemas de inteligencia artificial. La normativa prohíbe aplicaciones de IA que promuevan actividades delictivas, autolesiones, discriminación ilegal o ciertos usos biométricos, y restringe la implementación de sistemas de “puntuación social” por parte del gobierno.
Asimismo, se crea un consejo estatal de IA y un programa de pruebas reguladas (“sandbox”) para desarrolladores. La fiscalización de esta ley recaerá exclusivamente en el fiscal general del Estado.
Conocida como la App Store Accountability Act, esta ley exige a las tiendas de aplicaciones verificar la edad de los usuarios y obtener el consentimiento parental antes de que los menores descarguen aplicaciones o realicen compras dentro de ellas. También establece requisitos de transparencia y protección de datos para los desarrolladores.
Su implementación, prevista para enero, se encuentra actualmente suspendida por un juez federal, quien ha señalado posibles violaciones a la Primera Enmienda. El Estado tiene previsto apelar esta decisión.
Las compañías de seguros deberán justificar por escrito las razones para rechazar, cancelar o no renovar las pólizas reguladas. Estas notificaciones podrán enviarse electrónicamente y los datos agregados se publicarán por código postal a través del Departamento de Seguros de Texas.
Esta ley modifica la definición de “último empleo” y de “persona para la que trabajó por última vez el solicitante” con el objetivo de agilizar los trámites de los reclamos por desempleo. Los cambios solo se aplicarán a las solicitudes presentadas a partir del 1 de enero de 2026.
Las empresas podrán excluir hasta 125.000 dólares del valor de su inventario y otros bienes tangibles al calcular el impuesto predial local. Anteriormente, la exención solo se aplicaba a inventarios valuados en menos de 2.500 dólares.
La medida se presentó como un alivio para pequeñas y medianas empresas, aunque la Junta Legislativa de Presupuesto estima que los gobiernos locales podrían perder cientos de millones de dólares en ingresos si no ajustan sus tasas impositivas.
Autoriza a ciudades y condados –excluyendo los distritos escolares– a ajustar temporalmente sus tasas impositivas tras la declaración oficial de un desastre para cubrir costos como la remoción de escombros y los servicios de emergencia. La ley también limita el tiempo durante el cual se puede utilizar esta flexibilidad fiscal para un mismo desastre.
Texas recibirá la mayor parte del primer despliegue de un fondo de 50 mil millones de dólares del gobierno federal, creado para fortalecer la atención médica en las zonas rurales de todo el país.
El lunes, la administración Trump anunció cómo planea asignar miles de millones de dólares a los estados durante los próximos cinco años, a través de su Programa Federal de Transformación de la Salud Rural, un fondo que el Congreso creó a principios de este año después de aprobar la Ley One Big Beautiful Bill. Esta legislación, junto con la creación del fondo, redujo la financiación de Medicaid en aproximadamente un billón de dólares.
Los estados presentaron ofertas para recibir una parte de la financiación federal única, y Texas, según los Centros de Medicare y Medicaid, recibirá más de 281.3 millones de dólares para el primer año del programa en 2026. Esto es alrededor de 81 millones de dólares más de lo que el estado solicitó en su solicitud.
Alaska recibirá la segunda porción más grande, con 272.7 millones de dólares anuales.
Si bien Texas recibe la mayor cantidad de fondos, su posición es inferior en comparación con su población. La mitad de los dólares federales se distribuirán por igual entre todos los estados. Texas, que tiene la mayor cantidad de residentes rurales de cualquier estado, recibirá aproximadamente 60 dólares por residente en un condado rural, la tasa más baja de la nación.
“Más de 60 millones de estadounidenses que viven en zonas rurales tienen derecho a un acceso equitativo a una atención de calidad”, declaró el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., en un comunicado de prensa. “Esta inversión histórica pone a los hospitales, clínicas y trabajadores de la salud locales al mando de la atención médica de sus comunidades”.
Los fondos llegan en un momento en que las dificultades presupuestarias y el aumento de los costos han llevado a los hospitales y clínicas rurales de Texas a una importante crisis de atención médica.
La necesidad de atención médica en las comunidades rurales también es mayor debido a que tienden a tener tasas de personas sin seguro más altas; 76 condados en Texas tienen tasas de personas sin seguro superiores al 20%, y 60 de esos condados se encuentran en zonas rurales, según un informe del Instituto Nacional de Salud.
El NIH también encontró que “las muertes por cáncer, enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias y lesiones no intencionales son más altas en el Texas rural que en el Texas en general”, y que “los indicadores de resultados de salud están empeorando en las poblaciones rurales de Texas”.
“Los texanos rurales de todo el estado se beneficiarán de esta histórica inversión federal”, dijo el gobernador Greg Abbott en un comunicado de prensa. “Fortaleceremos nuestros hospitales rurales, ampliaremos el acceso a una atención mental y física crítica y ayudaremos a reducir las enfermedades crónicas a través de iniciativas de bienestar y nutrición”.
La agencia de atención médica del estado dijo que utilizará los fondos para fortalecer las clínicas de atención médica rural de diversas maneras, que incluyen: la creación de programas de bienestar y nutrición para proveedores rurales; la educación y la atracción de profesionales de la salud para que trabajen en zonas rurales; y la modernización de los recursos y la tecnología en los centros rurales.
Más específicamente, planea “agregar más de mil puestos de atención médica rural” con los fondos adicionales.
Para algunos hospitales de Texas, la financiación podría ser una tabla de salvación.
Erin Clevenger, directora ejecutiva del Memorial Medical Center en Port Lavaca, al sureste de Victoria, dijo en octubre a KERA que su hospital estaba al borde del cierre. “Cada día es una batalla para asegurarnos de no convertirnos en una de esas estadísticas”, dijo.
Catorce hospitales rurales en Texas cerraron en la última década, según un informe del Centro para la Calidad y el Pago de la Atención Médica, y más de la mitad de los hospitales restantes (82 instalaciones) corrían el riesgo de cerrar. Y 21 hospitales estaban en “riesgo inmediato de cierre”.
Los hospitales rurales se han visto obligados a recortar sus servicios más costosos: los servicios de maternidad. Casi el 60% de los hospitales rurales de Texas no atienden partos, dejando grandes extensiones del estado sin un lugar cercano para dar a luz.
Entre 2010 y 2022, Texas perdió una docena de unidades de obstetricia rurales, según el Centro de Investigación de Salud Rural de la Universidad de Minnesota, y un quinto de las que quedan están en riesgo de cierre.
Dan Keemahill contribuyó a esta historia.