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El Ministerio de Economía se prepara para poner freno a los intereses abusivos en los créditos al consumo. En particular, se busca abordar los elevados tipos de interés que, en productos como las tarjetas ‘revolving’, han superado en algunos casos el 1.000% ante la falta de pago por parte del consumidor. El Gobierno tiene como objetivo establecer límites que impidan la aplicación de tipos de interés excesivamente altos, aunque aún no ha detallado la forma en que se implementará esta medida.

El Ejecutivo está finalizando la redacción de la nueva normativa, con la intención de someterla al Consejo de Ministros en las próximas semanas, según indicó la directora general del Tesoro, Carla Díaz, durante un evento organizado por Asnef. Esta modificación responde a una directiva europea sobre contratos de crédito al consumo, cuya transposición ya ha demorado España.

La transposición de esta regulación debía completarse a más tardar el 20 de noviembre de 2025, para entrar en vigor un año después. Si bien España ya ha incumplido el plazo establecido por Europa, el tema se ha estado considerando en el Ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpo, desde hace más de un año, tras la apertura de una consulta pública para recabar la opinión del sector financiero. Hasta ahora, no se habían producido novedades, pero el retraso en la transposición ha acelerado el proceso.

La directiva europea exige que los Estados miembros adopten medidas para prevenir abusos y evitar la imposición de tipos de interés, tasas anuales equivalentes o costes totales de crédito excesivamente elevados para los consumidores, incluyendo la posibilidad de establecer límites máximos. Asimismo, permite a los países adoptar prohibiciones o limitaciones en relación con los gastos y comisiones aplicados por los prestamistas.

La Unión Europea subraya en la directiva que la fijación de límites máximos a los tipos de interés es una práctica común y beneficiosa en varios Estados miembros, ya que protege a los consumidores de costes excesivos. Insta a los países a establecer estos límites, aunque les otorga flexibilidad para definir las medidas concretas. El Banco de España ya se ha mostrado favorable a la implementación de algún tipo de límite, siguiendo el ejemplo de otros países.

Existen diversas opciones para adaptar la directiva a la legislación española. Una de ellas sería establecer un límite absoluto a partir del cual se consideraría un interés abusivo o usurero. Otra opción sería fijar límites basados en variables del mercado. También se podría seguir el criterio establecido por el Tribunal Supremo.

En 2023, el Tribunal Supremo definió los criterios para determinar la usura en un caso relacionado con una tarjeta ‘revolving’. En su sentencia, el Alto Tribunal estableció que para considerar un crédito al consumo como abusivo o usurero, se deben consultar los tipos medios ofrecidos en esos productos –según los datos del Banco de España para cada año– y sumarles seis puntos porcentuales. Por ejemplo, si el tipo medio es del 17%, se consideraría usura a partir del 23%, en términos generales.

El Ministerio de Economía no descarta ninguna opción y considera que tiene margen suficiente para decidir qué tipo de límites o medidas aplicar para evitar intereses excesivos. En las próximas semanas, el Gobierno revelará la fórmula elegida y, posteriormente, abrirá un período de audiencia pública para recabar las opiniones del sector financiero.

Registro previo

Además, la directiva amplía el ámbito de aplicación de la normativa de crédito al consumo a todos los contratos de hasta 100.000 euros y establece obligaciones específicas para los préstamos de menos de 200 euros, que suelen ser créditos ultrarrápidos concedidos sin control y por entidades no reguladas. La normativa también se aplicaría a los contratos de crédito sin intereses ni costes adicionales, y a aquellos con un plazo de reembolso de tres meses y gastos mínimos, incluyendo el popular sistema de ‘compra ahora, paga después’.

El paquete normativo de la UE establece que todos los prestamistas e intermediarios de crédito al consumo deberán someterse a un procedimiento de registro y autorización previo para operar, salvo que se trate de entidades de crédito, pago o dinero electrónico ya reguladas. Esta medida busca un mayor control sobre las plataformas que ofrecen crédito fácil, y exige además más transparencia y control de la solvencia de los consumidores al conceder estos préstamos.

En este sentido, «se establecen medidas más estrictas para las comunicaciones publicitarias y comerciales sobre los contratos de crédito, con el objetivo de evitar que puedan resultar engañosas para el consumidor. La información básica deberá presentarse en un formato atractivo, legible y adaptado a los diferentes dispositivos digitales. Además, se define la información básica que se debe suministrar, de acuerdo con un documento estandarizado», según indica la consultora PwC. «La información precontractual deberá ser clara y comprensible y entregarse antes de que el consumidor quede vinculado por cualquier oferta o contrato de crédito. Como novedad, si la información precontractual se facilita con menos de un día de antelación, los prestamistas e intermediarios deben remitir al consumidor un recordatorio de la posibilidad de desistir del contrato entre uno y siete días después de su celebración», añade.