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Las empresas del sector inmobiliario serían las más afectadas por una propuesta de modificación fiscal actualmente en consulta pública. La medida, impulsada por el departamento de Hacienda (Inland Revenue), se aplicaría únicamente a las compañías controladas por un número reducido de accionistas, excluyendo a las sociedades anónimas ampliamente distribuidas, las sociedades colectivas y los empresarios individuales.

Hacienda no ha cuantificado el posible aumento en la recaudación fiscal que podría generar esta propuesta. Sin embargo, ha enfatizado que el objetivo principal no es incrementar los ingresos del Estado, sino mejorar la equidad y la integridad del sistema tributario, a pesar de que actualmente se están intensificando las auditorías fiscales y los esfuerzos por recuperar impuestos pendientes de pago.

Robyn Walker, socia de la firma Deloitte especializada en impuestos, coincide en que la propuesta no busca un aumento de impuestos, sino más bien deshacer una práctica que considera excesivamente ventajosa para algunos accionistas. Walker también cree que esta medida alinearía a Nueva Zelanda con las prácticas fiscales de otros países.

Terry Baucher, consultor fiscal de Baucher Consulting, ha calificado la propuesta como una “bomba de relojería” con “ramificaciones enormes”. Por su parte, la Taxpayers’ Union la ha tildado de “draconiana”, considerándola un ataque a las pequeñas empresas y a los agricultores en particular. Jordan Williams, director ejecutivo de la organización, llegó a afirmar que “incluso Muldoon se sonrojaría”.

Hacienda está actualmente en fase de consulta pública sobre la propuesta, y las opiniones recibidas influirán en el asesoramiento que se brindará al Gobierno, quien tomará la decisión final sobre su implementación.

Los detalles

Hacienda explicó que las empresas controladas por pocos accionistas a menudo realizan préstamos legítimos a sus propietarios. Si bien la mayoría de estas compañías gestionan estos préstamos de manera responsable, algunos accionistas acumulan deudas significativas a lo largo de los años, lo que puede resultar ventajoso para ellos.

Un accionista debe pagar intereses sobre el préstamo recibido de su empresa, y la compañía debe pagar un impuesto del 28% sobre estos ingresos por intereses. Sin embargo, el accionista no está sujeto a impuestos sobre el monto del préstamo en sí. En contraste, si el dinero se pagara al accionista en forma de dividendos, salario o remuneración, estaría sujeto a impuestos a su tasa impositiva marginal, que podría alcanzar el 39%.

En el año fiscal 2024, aproximadamente 5500 empresas tenían préstamos de accionistas superiores a 1 millón de dólares. De estas, más de 540 tenían préstamos superiores a 5 millones de dólares.

Hacienda expresó su preocupación por el elevado valor de los préstamos a accionistas, sugiriendo que las normas actuales son menos efectivas que las de otras jurisdicciones para exigir la amortización del préstamo en un plazo determinado o antes de la disolución de la empresa. Esto podría convertir la ventaja fiscal en una ventaja permanente para el accionista si el préstamo nunca se devuelve.

Según datos de Hacienda, en los seis años hasta 2025, casi el 15% de las empresas eliminadas del Registro Mercantil tenían préstamos pendientes de sus accionistas en el momento de su baja. En total, los accionistas debían a estas empresas 2000 millones de dólares.

La propuesta de Hacienda consiste en tratar los préstamos como dividendos si no se reembolsan en un plazo de 12 meses después del cierre del ejercicio fiscal en el que se concedieron. La medida se aplicaría a los préstamos otorgados a partir del 4 de diciembre de este año, lo que implicaría una retroactividad en caso de que la ley sea modificada.

Para evitar un impacto negativo en las pequeñas empresas y las transacciones ordinarias, la medida solo se aplicaría a las empresas cuyos préstamos totales a accionistas superen los 50.000 dólares. Hacienda también propone gravar los préstamos una vez que una empresa se disuelva.

El público tiene hasta el 5 de febrero para presentar sus comentarios sobre las propuestas. El Gobierno aún no se ha comprometido a realizar ningún cambio.

Jenée Tibshraeny es la editora de negocios del Herald en Wellington, con base en la galería de prensa parlamentaria. Se especializa en la formulación de políticas gubernamentales y del Banco Central, economía y banca.