Un grupo de entusiastas de los cactus de San Antonio se ha unido a otras organizaciones para proteger al cactus de encaje negro, una especie en peligro de extinción. Además de este esfuerzo, están trabajando en otros rescates de plantas como parte de un proyecto más amplio de conservación.
Una mujer fue detenida en San Antonio luego de atacar a un bombero con un arma punzante durante lo que inicialmente era una revisión de bienestar en un complejo de apartamentos.
El suceso ocurrió el jueves en un complejo de viviendas para estudiantes de la UTSA, ubicado fuera del campus en Market Hill Boulevard, en las proximidades del Loop 1604. De acuerdo con una portavoz de la policía de San Antonio, el operativo comenzó aproximadamente a las 9:50 a.m.
La intervención se originó debido a que una residente se encontraba atrincherada en un departamento que, según la información preliminar, debía haber sido desocupado a finales de marzo. Ante la imposibilidad de la administración del lugar para contactar a la mujer en repetidas ocasiones, se solicitó la asistencia de las autoridades para verificar su estado.
Según el reporte oficial, en el momento en que se intentó abrir la puerta de la vivienda, la mujer asomó la mano portando un cuchillo, logrando herir a un bombero en una de sus manos. Tras el ataque, la sospechosa se negó a salir y permaneció encerrada en la habitación.
Dada la situación, el equipo SWAT intervino en el operativo, logrando que la mujer se rindiera sin que se produjeran más actos de violencia. La sospechosa fue arrestada y puesta bajo custodia.
Actualmente, las autoridades investigan el caso mientras el bombero afectado se recupera de sus heridas.
Durante las celebraciones de Fiesta en San Antonio, el equipo de televisión ha organizado festejos donde los asistentes deben lanzar «gritos» para poder ganar premios.
En una votación de 7-4, el Concejo Municipal de San Antonio aprobó una enmienda al contrato que permite el cobro de una tarifa de entrada de $5 para Fiesta de los Reyes, el evento de 10 días que se lleva a cabo en el Historic Market Square.
Según los organizadores, este cargo tiene como objetivo compensar el incremento en los costos de seguridad. Los fondos se destinarán a cubrir implementos como vallas y detectores de metales, medidas adoptadas tras un tiroteo mortal ocurrido hace dos años.
La tarifa de $5 no se aplicará en todo momento. el cobro entrará en vigor después de las 6 p.m. Durante los días laborales, y después de la 1 p.m. Los fines de semana y en fechas seleccionadas de alta afluencia. Por otro lado, los niños de 12 años o menos podrán ingresar de forma gratuita en cualquier horario.
A pesar de la aprobación, la medida generó debate. Algunos opositores, entre ellos el concejal Jalen McKee Rodriguez, señalaron que este costo podría hacer que el evento sea financieramente inaccesible para algunas personas, cuestionando la prioridad económica sobre la naturaleza de la festividad.
Una mujer hondureña está viviendo momentos de angustia tras la detención de su esposo por un oficial de policía estatal el pasado viernes 20 de marzo, sin que, según su relato, existiera una razón aparente para el arresto.
La mujer explicó que, tras la detención, el oficial posteriormente contactó a agentes de ICE.
Este incidente ha tenido un profundo impacto en la mujer, quien además de padecer problemas cardíacos, asegura haber sufrido una convulsión a raíz del suceso. Su principal preocupación ahora es reunirse con su esposo y velar por el bienestar de sus hijas.
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SAN ANTONIO – A un año del incidente, Violeta Medlin aún puede escuchar el sonido de una roca impactando contra el parabrisas de su automóvil. KSAT informó por primera vez sobre lo sucedido a Medlin en marzo de 2025, cuando una roca fue lanzada desde un puente peatonal en la Avenida San Pedro, cerca de la Avenida Hildebrand. Medlin denunció el hecho a la policía de San Antonio y solicitó ayuda a las autoridades municipales.
Un año después, Medlin afirma que aún se necesita hacer más para prevenir incidentes similares. “No quiero que esto le suceda a nadie más”, declaró Medlin. “Fue una pesadilla para mí.”
El puente cuenta con algunas lámparas en ambos lados, aunque un portavoz de CPS Energy confirmó que no son instalaciones recientes. Medlin pide la instalación de cámaras de seguridad y barreras para evitar que se repita este tipo de delito. “El puente necesita estar cercado”, insistió. “Solo tiene las barandillas, y cualquiera puede pararse ahí y hacer lo que quiera.”
Esta semana, un portavoz del Departamento de Policía de San Antonio informó a KSAT que no se han realizado arrestos en relación con el caso de Medlin.
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SAN ANTONIO – Más de 163,000 solicitudes para las Cuentas de Libertad Educativa de Texas ya se han recibido de estudiantes en todo el estado. Hasta el momento, 19,422 de estas solicitudes provienen de estudiantes de San Antonio.
Kelly Hancock, contralor interino, destacó la “fuerte” demanda tras el lanzamiento del programa. “Esperamos agotarnos en el primer año”, declaró Hancock en un comunicado de prensa. “También estamos sentando una base sólida para que la elección de escuela prospere en Texas durante muchos años”.
Sin embargo, los opositores al programa temen que se asignen demasiados fondos a TEFA en los próximos años. Según un comunicado de prensa de la Asociación de Maestros de Texas del 2 de febrero, “los $1 mil millones que los legisladores gastaron en el primer año del programa de vales aumentarán a aproximadamente $4 mil millones anuales para 2030, según predijo la Junta de Presupuesto Legislativo”.
Las Cuentas de Libertad Educativa de Texas priorizarán a los estudiantes con discapacidades cuyas familias se encuentren al o por debajo del 500% del Nivel Federal de Pobreza (NFP). Al o por debajo del 500% del NFP, equivale a unos $160,750 para una familia de cuatro personas, según se indica en esta página web. Existe una diferencia significativa para las personas en el segundo nivel de prioridad. Las familias en este nivel deben tener ingresos al o por debajo del 200% del NFP, lo que equivale a unos $66,000 o menos para una familia de cuatro personas.
Las familias que califican para el tercer nivel son aquellas con ingresos anuales entre el 200% y el 500% del NFP. Las familias en el cuarto y último nivel pueden tener ingresos anuales iguales o superiores al 500% del NFP. Sin embargo, “se priorizará a los niños que hayan estado matriculados en una escuela pública o escuela chárter de Texas durante al menos el 90% del año escolar anterior”, según el sitio web de TEFA.
La ley estatal exige que los fondos para los estudiantes cuyos ingresos familiares sean iguales o superiores al 500% solo puedan representar el 20% de los fondos asignados a TEFA en ese año escolar.
El programa se promocionó como una oportunidad para familias de bajos ingresos y estudiantes con discapacidades. Las estadísticas más recientes de la oficina del contralor estatal muestran que aproximadamente el 11% de los solicitantes se encuentran en el grupo de mayor prioridad y el 30% en el segundo grupo de prioridad.
Los distritos escolares locales podrían verse afectados por estos cambios si una mayoría de los solicitantes reciben fondos suficientes para asistir a una escuela privada o recibir educación en el hogar en los próximos años.
La oficina del contralor compiló una lista de cuántas solicitudes provienen de estudiantes que indicaron el distrito escolar público al que normalmente asistirían.
Northside ISD tuvo 4,102 solicitantes
North East ISD tuvo 3,386 solicitantes
Comal ISD tuvo 2,171 solicitantes
San Antonio ISD tuvo 1,335 solicitantes
Judson ISD tuvo 1,183 solicitantes
Estas cifras son a fecha del 8 de marzo, pero las solicitudes no se cierran hasta el 17 de marzo.
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SAN ANTONIO – El Concejo Municipal de San Antonio podría pronto modificar el código de la ciudad relacionado con las instalaciones de detención e incluso intentar imponer una suspensión temporal a la construcción de nuevas instalaciones privadas.
Sin embargo, los miembros del concejo y el personal de la ciudad han dejado claro que estos esfuerzos no afectarían la instalación en el centro de la controversia: un almacén de aproximadamente 540,000 pies cuadrados recientemente adquirido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el lado este de la ciudad.
¿Entonces, por qué seguir adelante con estas medidas?
El almacén ubicado en el 542 Southeast Loop 410 fue comprado por el gobierno de los Estados Unidos por más de 66 millones de dólares, e ICE, según informes, planea utilizarlo como un “centro de procesamiento” con capacidad para hasta 1,500 personas.
Estos planes han generado fuertes objeciones tanto de los residentes como de los funcionarios locales. Aparentemente, la ciudad tiene pocas opciones directas, ya que el gobierno federal no está sujeto a las regulaciones de zonificación y los procesos de permisos locales.
El jueves, el concejo municipal aprobó una resolución por 8 votos a favor y 2 en contra, solicitando al personal de la ciudad que les presente propuestas de cambios en el código y las políticas relacionadas con las instalaciones de detención y que inicie el proceso para que el concejo considere una moratoria sobre dichas instalaciones.
Las concejales Misty Spears (D9) y Marc Whyte (D10) votaron en contra de la resolución. El concejal Ric Galvan (D6) no asistió a la reunión del jueves.
La alcaldesa Gina Ortiz Jones se aseguró de aclarar con el abogado de la ciudad, Andy Segovia, que la resolución, que inicialmente no incluía una moratoria, solo cubre las instalaciones de detención administradas por el municipio o por entidades privadas.
«Solo quiero gestionar las expectativas de la gente sobre lo que realmente podemos hacer aquí», dijo.
Los cambios en el código, que podrían ser aprobados por el concejo a partir de abril, podrían incluir una nueva categoría de zonificación, la exigencia de una autorización de uso específica o la prohibición de ubicarlas a cierta distancia de usos de suelo “incompatibles”, como parques.
El personal de la ciudad indicó que una moratoria tardaría más en implementarse y solo podría durar hasta 180 días. También requeriría la aprobación del concejo.
La abogada adjunta de la ciudad, Susan Guinn, informó a los periodistas que ni la zonificación ni la moratoria afectarían la instalación de ICE en el lado este.
El concejal Jalen McKee-Rodriguez (D2), quien representa el área alrededor del almacén, instó a seguir adelante con ambas actualizaciones del código y una moratoria simultáneamente.
Al preguntarle sobre la búsqueda de regulaciones que no afectarían el “centro de procesamiento” planificado, el concejal dijo que cree que ICE está buscando detener a “mucho más” de 1,500 personas.
“Y es probable que busquen arrendar o encontrar otros propietarios privados para establecer centros de detención y expandir la presencia de estas instalaciones, independientemente de si son del gobierno federal o de una entidad privada”, dijo.
El personal de la ciudad dijo que no tienen conocimiento de ninguna instalación de detención de propiedad o administrada por entidades privadas.
Aún así, McKee-Rodriguez dijo a los periodistas: “Si podemos desempeñar un papel preventivo en cualquier problema futuro, lo haremos”.
“Puede que no podamos tomar todas las medidas que queremos, pero tomaremos las que podamos.”
El personal de la ciudad dijo que todavía está investigando otras medidas que podrían afectar el uso del almacén.
Están en conversaciones con un bufete de abogados nacional sobre “si las instalaciones y las actividades cumplen con las leyes federales aplicables, incluidas las leyes ambientales”.
También se está evaluando si se debe presionar por legislación y acciones federales para evitar el uso de la instalación.
McKee-Rodriguez y otros miembros del concejo instaron a los opositores a la instalación a contactar a los miembros del Congreso.
“Ellos están promoviendo y aceptando activamente la creación de estas instalaciones. Y luego nos echan la culpa a nosotros, redirigiéndolos a nosotros, sabiendo que no podemos detenerlos. Y eso les impide sentir esta presión”, dijo McKee-Rodriguez.
Los dos miembros conservadores del concejo, Whyte y Spears, cuestionaron cuán efectivos serían los cambios en el código de la ciudad.
“Mucho tiempo del personal, tiempo del concejo, tiempo del personal del concejo, dinero de los contribuyentes gastado en esto… Solo, supongo, para hacer una declaración”, dijo Whyte.
KSAT envió un correo electrónico a ICE solicitando comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación.
El Paso, Texas – Las autoridades de salud de la ciudad de El Paso confirmaron el jueves 17 casos de sarampión en el área, la mayoría de los cuales se registran en una instalación de detención de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) que ha sido objeto de atención en los últimos meses.
En un comunicado de prensa, el Departamento de Salud Pública de la ciudad de El Paso confirmó cuatro nuevos casos de sarampión dentro de la ciudad, involucrando a un hombre en sus 20 años, un hombre en sus 30 años y dos mujeres en sus 30 años, todos con estado de vacunación desconocido. El departamento dijo que aproximadamente el 98% de los residentes del condado de El Paso están vacunados contra el sarampión.
El departamento proporcionó una lista de ocho posibles lugares de exposición para que el público esté al tanto:
El departamento pide a cualquier persona que haya visitado esos lugares durante esos horarios y que desarrolle fiebre y sarpullido que se ponga en contacto con su proveedor de atención médica para su evaluación y prueba.
Los otros 13 casos se reportaron en Camp East Montana, una instalación tipo campamento en los terrenos de la base del Ejército Fort Bliss que alberga a migrantes detenidos.
“La información de los casos de esta instalación se reporta a través de las autoridades federales. La ciudad comparte esta información para la conciencia regional y continuará coordinándose con los socios federales según corresponda”, indica el comunicado de prensa de la ciudad. “El laboratorio de salud pública de la ciudad ha proporcionado apoyo para las pruebas cuando se solicitó y ha suministrado vacunas para la administración por parte de los proveedores de salud en el sitio como parte de los esfuerzos de prevención”.
En una declaración, la Secretaria Asistente del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHS), Lauren Bis, dijo: “Al 27 de febrero de 2026, el Departamento de Salud de Texas confirmó infecciones activas de sarampión de 13 detenidos en Camp East Montana en Texas. ICE Health Services Corps tomó de inmediato medidas para poner en cuarentena y controlar la mayor propagación de la infección, cesando todo movimiento dentro de la instalación y poniendo en cuarentena a todos los individuos sospechosos de haber estado en contacto con los infectados”.
“Es una práctica de larga data proporcionar atención médica integral, incluido el acceso a vacunas. Esto incluye servicios médicos, dentales y de salud mental, según estén disponibles, y acceso a citas médicas y atención de emergencia las 24 horas. Esta es la mejor atención médica que muchos extranjeros han recibido en toda su vida”, agregó.
La instalación de detención de más de mil millones de dólares se inauguró en agosto de 2025 y puede albergar hasta 5,000 detenidos.
A principios de este mes, funcionarios de la ciudad de El Paso informaron a Spectrum News que fueron notificados de casos de tuberculosis en Camp East Montana, pero la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, dijo a la Texas Tribune que “no hay casos de tuberculosis en la instalación de ICE en El Paso”. Un portavoz de la ciudad de El Paso dijo más tarde a la Tribune que las personas diagnosticadas con tuberculosis ya no estaban alojadas en la instalación después de ser tratadas por los proveedores médicos de ICE.
Camp East Montana ha experimentado críticas en los últimos meses después de la muerte de tres migrantes mientras estaban bajo custodia en la instalación. La Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso dictaminó que la muerte de uno de esos migrantes, Geraldo Lunas Campos, fue un homicidio y que la causa de la muerte fue asfixia por compresión del cuello y el torso. El gobierno federal dijo que el 3 de enero, Lunas Campos había intentado suicidarse y que los guardias estaban tratando de ayudarlo, pero murió durante la lucha.
Los otros dos migrantes que murieron en la instalación fueron Francisco Gaspar-Andres el 3 de diciembre y Victor Manuel Diaz el 14 de enero. ICE dijo que se sospechaba que Gaspar-Andres había muerto de insuficiencia hepática y renal, mientras que Manuel Diaz murió de un “presunto suicidio”. Mientras que los cuerpos de Gaspar-Andres y Lunas Campos fueron enviados al médico forense del condado en El Paso, la autopsia de Manuel Diaz se realizó en el centro médico del Ejército en Fort Bliss. Cuando la Associated Press le preguntó si una agencia distinta de ICE investigaría la muerte de Manuel Diaz, el Departamento de Seguridad Nacional no respondió.
El viernes, la representante de EE. UU. Veronica Escobar, demócrata por El Paso, reiteró su llamado al cierre de Camp East Montana. Escobar, quien ha sido una crítica vocal de la instalación desde su apertura, dijo en una publicación en X: “No debería sorprender que haya un brote de sarampión en Camp East Montana”.
“Esta crisis de salud pública es un resultado directo de la forma en que Acquisition Logistics opera la instalación: un esfuerzo explícito por maximizar las ganancias a expensas de los estándares federales para servicios como la atención médica”, dijo Escobar. “Dicha corporación penitenciaria privada, inexperta e incompetente, no comparte los intereses de nuestra comunidad ni los de los detenidos”.
Acquisition Logistics construyó y opera Camp East Montana, y en una carta a los líderes de DHS e ICE, Escobar y otros 23 demócratas piden que se investigue a la empresa y se cierre el centro de detención.
Esta no es la única instalación de inmigración en Texas con casos reportados de sarampión. El Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, ubicado a 70 millas al suroeste de San Antonio, reportó dos casos de sarampión a principios de este mes.
La Asociación de Padres y Maestros (PTA) de la escuela primaria Shirley J. Howsman ha lanzado una campaña de recaudación de fondos para traer un espectáculo de BMX y un programa de prevención del acoso escolar a sus estudiantes.
La iniciativa, denominada «Calendario de Donaciones», invita a padres y estudiantes a elegir una fecha en el mes de marzo y donar la cantidad correspondiente en dólares. Por ejemplo, donar el 6 de marzo equivale a una contribución de $6, el 17 de marzo a $17, y el 24 de marzo a $24, extendiéndose hasta el 31 de marzo con una donación de $31.
Los participantes tienen la flexibilidad de seleccionar una o varias fechas, o incluso cubrir la totalidad del mes. Se aceptan también donaciones adicionales de cualquier importe.
La PTA ofrece dos modalidades para realizar las donaciones:
Cada dólar recaudado se destinará a financiar el espectáculo de BMX y el programa contra el acoso escolar, buscando promover un ambiente positivo y seguro para los estudiantes de Howsman.
La PTA agradece de antemano el apoyo de la comunidad escolar.