La administración de Estados Unidos ha eliminado protecciones ambientales en aguas del Pacífico, permitiendo la reapertura de casi medio millón de millas cuadradas a la pesca comercial. La medida, iniciada por una proclamación presidencial en abril de 2025 y ampliada posteriormente, genera duras críticas de conservacionistas y demandas judiciales.
La reapertura de monumentos marinos en el Pacífico
El gobierno estadounidense ha dado marcha atrás en regulaciones de pesca con enfoque ambiental en aguas nacionales, abriendo extensas reservas marinas a la actividad comercial. En abril de 2025, el presidente estadounidense firmó una proclamación para reabrir casi medio millón de millas cuadradas de hábitats de océanos pacíficos, arrecifes de coral e islas a la pesca comercial, según la información publicada.
La orden abarca el Monumento Marino Nacional del Archipiélago de las Islas del Pacífico, que se extiende sobre los atolones Palmyra y Johnston, así como el arrecife Kingman. Poco después de la firma, el Servicio Nacional de Pesca Marina envió una notificación a los pescadores comerciales para informarles que el monumento quedaba habilitado para operar.
Esa reserva protegida había sido establecida originalmente en 2009 por el presidente George W. Bush y posteriormente ampliada en 2014 por el presidente Barack Obama. La zona alberga especies vulnerables y en peligro de extinción, tales como ballenas de cabeza de melón, focas monje de Hawái, y tortugas marinas carey y verde.
Demandas legales y disputa sobre la Ley de Antigüedades
La actual administración está enfocando sus acciones en las aproximadamente 400,000 millas cuadradas de la reserva que fueron incorporadas durante el mandato de Obama. Ante esta situación, organizaciones defensoras del medio ambiente han emprendido acciones legales contra el gobierno.
David Henkin, abogado de Earthjustice en Honolulu, señaló con ironía que estaba seguro de que aquello había sido una coincidencia, al referirse al alcance geográfico de la medida adoptada por la Casa Blanca.
Henkin representa legalmente a demandantes como Kāpaʻa, el Conservation Council for Hawai‘i y el Center for Biological Diversity. Los demandantes sostienen que la proclamación presidencial vulnera la Ley de Antigüedades de 1906, la cual faculta a los presidentes para salvaguardar tierras públicas como monumentos nacionales, pero no les otorga la potestad jurídica de revocar las protecciones ya establecidas en monumentos existentes.
Asimismo, los críticos argumentan que el intento del Servicio Nacional de Pesca Marina por autorizar la actividad pesquera en dichas aguas protegidas infringe diversas normativas ambientales, entre ellas la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Hasta el momento, algunos jueces federales han respaldado las posturas de los ecologistas en el marco de estos litigios.
Ampliación de permisos y nuevas prioridades regulatorias
Pese a la oposición judicial inicial, la administración amplió sus medidas en junio al permitir el ingreso de la industria pesquera en otros enclaves protegidos. Las nuevas disposiciones abrieron el Monumento Marino National Papahānaumokuākea, situado en el extremo norte de las islas hawaianas, junto con el Monumento Marino Nacional de la Fosa de las Marianas, cerca de Guam, y el Monumento Marino Nacional del Atolón Rose, en las inmediaciones de Samoa Americana.
A diferencia del decreto anterior, el gobierno ordenó al servicio de pesca ajustar las regulaciones para establecer qué modalidades de pesca comercial podrían considerarse compatibles con la conservación de los objetos de valor científico e histórico resguardados en los monumentos. No obstante, las reacciones no se hicieron esperar.
David Henkin, abogado, advirtió que la medida se implementaba a un coste muy elevado para esas áreas marinas tan sensibles, las cuales constituyen algunos de los hábitats marinos más importantes y críticos.
David Henkin, abogado
Por su parte, Ben Enticknap, director de la campaña para el Pacífico y científico sénior de Oceana, advirtió que la administración busca incrementar la producción pesquera nacional eliminando otras directrices y políticas de carácter ambiental.
Según la información recabada, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica envió prioridades regulatorias a los consejos regionales de pesca del país que, según alertan los conservacionistas, evidencian un ataque frontal contra la gestión de los recursos marinos y la conservación de los océanos.
Ben Enticknap, director de campaña para el Pacífico y científico sénior de Oceana, advirtió sobre las consecuencias a largo plazo de estas decisiones, señalando que aquello podría tener potencialmente algunos beneficios a corto plazo para la industria pesquera, pero que a largo plazo lo que se estaba arriesgando eran hábitats oceánicos productivos.
Impacto en especies protegidas y poblaciones marinas
Entre los cambios propuestos por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica figuran modificaciones en la gestión de la pesquería de la sardina del Pacífico, agrupándola en un único stock e ignorando el comportamiento biológico de las distintas poblaciones. Los científicos advierten que esta simplificación desatiende las rutas migratorias y las zonas de desove particulares de cada grupo, exponiéndolos a riesgos severos de sobrepesca, aunque desde el servicio pesquero se defiende que las poblaciones son genéticamente idénticas.
Asimismo, la agencia federal ha puesto en la mira zonas restringidas de la pesquería de abadejo destinadas a salvaguardar a los leones marinos de Steller, espacios que permiten a estos mamíferos alimentarse y recuperar sus poblaciones.
Ben Enticknap, de Oceana, cuestionó que ahora se fuera a abrir esa puerta para permitir el regreso de la pesca a algunas de estas áreas de conservación, calificándolo como una amenaza real para los leones marinos de Steller y para las décadas de conservación.
Ben Enticknap, Oceana
A esto se suma la decisión del organismo de prescindir de los límites establecidos para la captura accidental de tortugas marinas laúd en las pesquerías con palangre en el Pacífico occidental. Los expertos recuerdan que dichos límites funcionan como un incentivo fundamental para que los pescadores eviten especies no objetivo, un mecanismo que temen se pierda por completo con las nuevas directrices regulatorias.