La provincia argentina de Tierra del Fuego expresó su más enérgico repudio ante la reciente operación y el amarre de un buque petrolero con bandera del Reino Unido en el puerto de la ciudad de Ushuaia. La embarcación identificada como el buque VS Promise, dedicada al transporte de crudo, recaló en la capital fueguina tras haber estado cargando hidrocarburos en la terminal Río Cullen, situada en la zona norte provincial, según datos de la plataforma de seguimiento en línea Marine Traffic.
Tensión en el Atlántico Sur por el amarre de un buque británico en Ushuaia
El hecho desató un fuerte cortocircuito institucional y político entre la administración local y el Gobierno nacional del presidente Javier Milei. Desde el Ejecutivo provincial señalaron que en el territorio rige una ley que prohíbe de manera expresa la permanencia, el amarre y el abastecimiento en sus puertos a embarcaciones que porten la bandera británica, como parte central de la normativa y del histórico reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Cuestionamiento a la intervención de la terminal portuaria
El conflicto se desarrolla en medio de una disputa legal y administrativa por el control de la infraestructura portuaria. El puerto de Ushuaia es propiedad de la provincia de Tierra del Fuego, pero se encuentra intervenido por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) desde enero pasado, una medida que fue objetada y apelada ante la Justicia por las autoridades locales en un proceso que aún no se encuentra resuelto.
Desde la gobernación cuestionaron que la administración central justificó oportunamente la toma de control de la terminal invocando su carácter de activo estratégico y la necesidad de resguardar los intereses nacionales en el Atlántico Sur. Ante la presencia del buque británico, las autoridades provinciales calificaron la situación como una contradicción inadmisible y exigieron explicaciones públicas sobre los criterios administrativos y políticos que permitieron autorizar la maniobra.
Exigencias formales y reclamo de autonomía
A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo fueguino formuló cuatro demandas concretas dirigidas a la Casa Rosada y al Ministerio de Economía:
- Informes inmediatos: Exigir explicaciones urgentes y públicas sobre los motivos que habilitaron el ingreso de una nave de la potencia ocupante.
- Cese de la intervención: Reclamar la restitución inmediata de la administración del puerto a manos de la Provincia, respaldado por las acciones judiciales en curso.
- Defensa de recursos: Rechazar decisiones unilaterales del poder central que comprometan el patrimonio y la autonomía austral.
- Convocatoria ciudadana: Llamar a los poderes públicos, a las fuerzas políticas y a la sociedad civil a blindar el carácter estratégico de la terminal marítima.
Por su parte, Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, advirtió sobre la situación del buque de transporte de crudo y aseguró que la provincia continuará investigando los detalles de su contratación y su destino final mediante todos los medios institucionales a su alcance para defender los derechos soberanos argentinos.
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