DallasAP —
Un jurado federal condenó este viernes a ocho personas por cargos de terrorismo relacionados con un tiroteo ocurrido en un centro de detención de inmigrantes en Texas. Los fiscales federales vincularon el incidente con Antifa, el movimiento descentralizado de extrema izquierda que ha sido blanco del gobierno de Trump.
Asimismo, una persona fue declarada culpable de intento de homicidio después de que, según la fiscalía, abriera fuego el verano pasado frente al Centro de Detención Prairieland, ubicado en las afueras de Fort Worth, hiriendo a un agente de policía. El Departamento de Justicia calificó la violencia como un ataque planeado por miembros de Antifa, aunque los abogados de los acusados negaron cualquier vínculo con el movimiento y argumentaron que se trató de una manifestación con fuegos artificiales que derivó en disparos.
El juez federal Mark Pittman, designado por el presidente Donald Trump, presidió el juicio, que se extendió por casi tres semanas en Fort Worth. El proceso fue seguido de cerca por expertos legales y críticos, quienes lo consideraron una prueba de los límites del gobierno para castigar a los manifestantes.
El director del FBI, Kash Patel, declaró que este caso representa la primera vez que se presentan cargos de proporcionar apoyo material a terroristas contra individuos acusados de ser miembros de Antifa.
“El veredicto de hoy por cargos de terrorismo no será el último, mientras el gobierno de Trump desmantela sistemáticamente a Antifa y finalmente detiene su violencia en las calles de Estados Unidos”, afirmó la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi.
Antifa, abreviatura de “antifascistas”, no es una organización única, sino un término general que engloba a diversos grupos militantes de extrema izquierda que se enfrentan o resisten a neonazis y al supremacismo blanco en manifestaciones.
Los abogados defensores argumentaron ante el jurado que no existió ningún plan de violencia el 4 de julio frente a las instalaciones en Alvarado.
En total, nueve personas fueron juzgadas, ocho de las cuales enfrentaban el cargo de proporcionar apoyo material a terroristas, entre otros. El noveno acusado, Daniel Sanchez Estrada, fue acusado de ocultar un documento y de conspiración para ocultar documentos, y fue declarado culpable de ambos cargos.
El abogado de Sanchez Estrada, Christopher Weinbel, expresó su incredulidad ante la decisión del jurado. Weinbel señaló que ha servido en el Ejército en varias misiones en defensa de Estados Unidos y esperaba que sus sacrificios “significaran algo”.
“Pero siento que con esto le han dado la espalda a la justicia… Estados Unidos ha perdido hoy con este veredicto”, declaró Weinbel.
El fiscal Shawn Smith argumentó ante el jurado durante los alegatos finales que las acciones del grupo –incluyendo el porte de armas de fuego, botiquines de primeros auxilios y el uso de chalecos antibalas– eran indicativos de sus intenciones maliciosas. Afirmó que practicaban “tácticas antifascistas” y que estaban “obsesionados con la seguridad operativa”.
Los abogados de los acusados sostuvieron que no hubo ninguna emboscada planeada y que los manifestantes que portaban armas de fuego lo hacían únicamente para su propia protección.
Los cargos de terrorismo se produjeron tras el decreto de Trump el otoño pasado de designar a Antifa como una organización terrorista doméstica. Estos cargos no requerían un vínculo con ninguna organización específica y no existe un equivalente interno a la lista del Departamento de Estado de organizaciones terroristas extranjeras, debido en parte a que las organizaciones que operan dentro de Estados Unidos están protegidas por amplios derechos de la Primera Enmienda.
Los críticos del caso presentado por el Departamento de Justicia han advertido que el resultado podría tener efectos de gran alcance en las protestas.
“Esa oposición es algo que el gobierno quiere aplastar, por lo que un caso como este ayuda al gobierno a determinar hasta dónde puede llegar al criminalizar protestas protegidas por la Constitución y también les ayuda a intimidar, a generar miedo, con la esperanza de que la gente en otras ciudades se lo piense dos veces antes de protestar”, dijo Suzanne Adely, presidenta interina del National Lawyers Guild, un grupo legal progresista.
Los abogados de los acusados afirmaron que la mayoría de los manifestantes comenzaron a retirarse cuando dos guardias del centro salieron al exterior. Esto ocurrió antes de que se dispararan las armas.
Según la fiscalía, Benjamin Song, un exreservista del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos, gritó “a por los rifles” y abrió fuego, hiriendo a un agente de policía que acababa de llegar al centro.
Aunque fue Song quien disparó, los fiscales también acusaron a varios otros manifestantes de intento de homicidio contra un agente y de disparar un arma de fuego, pero fueron absueltos. La fiscalía argumentó que, dada la planificación del grupo, era previsible que otros pudieran disparar.
El agente herido, el teniente de policía de Alvarado Thomas Gross, testificó que al llegar a la escena vio a una persona vestida completamente de negro, con el rostro cubierto y portando un rifle. Relató ante el jurado que recibió un disparo que le entró por el hombro y le salió por el cuello.
El abogado de Song, Phillip Hayes, declaró ante el jurado durante los alegatos finales que no hubo ninguna orden de disparar antes de que Gross llegara al lugar y sacara su arma de forma agresiva. Hayes sugirió que los disparos de Song fueron de “apoyo” y que la bala que rebotó fue la que impactó al agente.
En el período previo al juicio, varias personas se declararon culpables de proporcionar apoyo material a terroristas después de ser acusadas de apoyar a Antifa. Se enfrentan a una pena de hasta 15 años de prisión.
Algunos de ellos testificaron para la fiscalía, incluido Seth Sikes, quien dijo que fue al centro de detención porque quería llevar algo de alegría a los detenidos.
“Sentía que estaba haciendo lo correcto”, dijo.
