Texas exige reembolsos por miles de millones en gastos de seguridad fronteriza mientras el gobierno federal «falló»
El estado de Texas solicitó al gobierno federal la devolución de miles de millones de dólares en costos de seguridad fronteriza que asumió para proteger a sus residentes, argumentando que la administración Biden «no cumplió» con su responsabilidad constitucional en la materia.
Según fuentes oficiales citadas por medios locales, Texas justificó su reclamo en el aumento de cruces irregulares y la presión migratoria en la frontera sur, donde el estado ha desplegado recursos adicionales sin apoyo financiero suficiente de Washington. La demanda, presentada bajo el marco de leyes federales de compensación por emergencias, busca cubrir gastos en patrullaje, infraestructura y respuesta humanitaria.
El gobernador Greg Abbott —quien ha sido crítico de la política migratoria del gobierno federal— reiteró en declaraciones recientes que Texas «no puede seguir pagando la factura de un problema que no creó». La solicitud, aunque no detalla cifras exactas, refleja tensiones crecientes entre el estado y la administración Biden sobre la gestión de la frontera.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha respondido públicamente a la solicitud, aunque fuentes internas indicaron que revisarán los documentos presentados para evaluar su viabilidad legal. La decisión final dependerá de criterios federales sobre qué gastos son «directamente atribuibles» a la falla en la política migratoria.
¿Qué dice la ley federal sobre estos reembolsos?
Texas se ampara en la Ley de Emergencias por Inmigración Ilegal de 2005, que permite a los estados solicitar compensación cuando el gobierno federal incumple con su obligación de controlar la frontera. Sin embargo, casos previos —como el de Arizona en 2018— han demostrado que estos reclamos rara vez son aprobados en su totalidad, debido a disputas sobre la causalidad directa de los gastos.
Un informe del Congreso de EE.UU. en 2022 señalaba que, entre 2017 y 2021, Texas invirtió más de $2.3 mil millones en seguridad fronteriza sin recibir reembolsos significativos. La solicitud actual podría ser la más ambiciosa hasta la fecha, según analistas del Centro de Estudios Fronterizos de la Universidad de Texas.
¿Qué pasa si el gobierno federal rechaza el reclamo?
Si la administración Biden niega la solicitud, Texas podría escalar el conflicto mediante acciones legales o presionar con medidas unilaterales, como las ya implementadas en 2023, cuando el estado desplegó la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en puntos críticos de la frontera.
Expertos en derecho migratorio, como la profesora Laura Martínez de la Universidad de Houston, advierten que un rechazo total podría llevar a Texas a argumentar que el gobierno federal «incumplió su deber», abriendo la puerta a demandas por daños y perjuicios. «Esto no sería solo una pelea por dinero, sino un precedente sobre quién tiene la última palabra en la seguridad nacional», explicó Martínez.
¿Cómo reaccionan otros estados con fronteras?
Aunque Texas es el estado que más recursos ha movilizado en la frontera, otros como Arizona y Nuevo México han expresado su apoyo a la iniciativa, pero sin presentar solicitudes formales. Según un análisis de Pew Research Center, solo el 12% de los fondos federales asignados a seguridad fronteriza desde 2016 han llegado directamente a los estados con mayor presión migratoria.
La diferencia radica en que Texas, con su mayor población y economía, tiene más capacidad para asumir costos y luego exigir compensación. «Es una estrategia de presión política, no solo económica», comentó el analista Javier Rojas del Instituto de Políticas Públicas de Texas.
¿Qué sigue en el proceso?
Las fuentes consultadas indican que el DHS podría responder en las próximas semanas, aunque el proceso de revisión legal podría extenderse por meses. Mientras tanto, Texas ha anunciado que mantendrá sus operaciones de seguridad fronteriza «independientemente de la decisión federal».
La tensión entre el estado y la administración Biden refleja un debate más amplio sobre la división de responsabilidades en un tema que, según encuestas recientes, es prioritario para el 78% de los texanos, según datos del Texas Politics Project.
