Por primera vez desde que Texas criminalizó el aborto, el organismo regulador médico del estado está brindando instrucciones a los médicos sobre cuándo pueden interrumpir legalmente un embarazo para proteger la vida de la paciente. Esta guía es un recurso que los médicos han solicitado durante mucho tiempo, en un contexto de fallecimientos de mujeres y temor a enfrentar cargos criminales por intervenir.
La nueva capacitación de la Junta Médica de Texas se produce casi cinco años después de que el estado aprobara su estricta prohibición del aborto en 2021, amenazando a los médicos con sanciones severas. Investigaciones de ProPublica han demostrado que el embarazo se volvió más peligroso en el estado después de la entrada en vigor de la ley: aumentaron las tasas de sepsis en mujeres que sufren una pérdida de embarazo, así como las visitas a la sala de emergencias en las que las pacientes que abortaban espontáneamente necesitaban una transfusión de sangre; al menos cuatro mujeres en el estado murieron después de no recibir atención reproductiva oportuna. Más de cien obstetras y ginecólogos culparon a la prohibición del aborto del estado.
En respuesta, la Legislatura de Texas aprobó el año pasado la Ley de Salvación de la Madre. La ley actualizó las excepciones médicas a la prohibición del aborto, aumentando la carga legal necesaria para que los fiscales acusen penalmente a un médico y exigiendo a la junta médica que creara una guía para los médicos antes del 1 de enero, algo que ningún otro estado con una prohibición del aborto ha hecho.
La nueva capacitación médica, obtenida por ProPublica a través de una solicitud de registros públicos, asegura a los médicos que ahora pueden proporcionar abortos legalmente, incluso cuando la vida de la paciente no está en peligro inminente, y revisa nueve escenarios de ejemplo, incluyendo la rotura prematura de membranas y complicaciones de un aborto incompleto.
Algunos de los escenarios aclaran cómo los médicos pueden intervenir en circunstancias similares a los casos investigados por ProPublica. Por ejemplo, en 2021, Josseli Barnica fue diagnosticada con un aborto espontáneo “inevitable”, lo que la exponía a un alto riesgo de infección peligrosa, y murió después de que los médicos se negaran a vaciar su útero mientras aún latía el corazón fetal. La nueva capacitación incluye un ejemplo que indica que un aborto sería legal en casos similares.
Sin embargo, expertos médicos y legales que revisaron la capacitación para ProPublica dijeron que los estudios de caso representan solo las situaciones más sencillas que enfrentan los médicos. Las complicaciones que enfrentan las mujeres durante el embarazo son variadas, complejas e imposibles de capturar en una breve presentación, advirtieron muchos. Un abogado calificó la capacitación como “lo mínimo indispensable”.
“Probablemente podría enumerar 100 situaciones diferentes que harían que la gente se detuviera y se preguntara: ‘¿Wow, esto encaja en la ley?’” dijo el Dr. Tony Ogburn, un obstetra y ginecólogo que ejerce en Texas. “Están tomando años y años de capacitación y experiencia médica sobre cómo manejar estos casos y resumiéndolos en 43 diapositivas”.
Es notable la ausencia de orientación en la capacitación sobre cómo deben atender los médicos a las pacientes con afecciones crónicas, un área gris que ha surgido repetidamente en los informes de ProPublica. El año pasado, ProPublica investigó la muerte de Tierra Walker, una mujer de San Antonio con diabetes e hipertensión que sufrió repetidas hospitalizaciones y síntomas que empeoraron antes de morir. Los médicos rechazaron sus solicitudes de un aborto para proteger su salud, según su familia. Los médicos y hospitales involucrados en la atención de Walker no respondieron a las solicitudes de comentarios de ProPublica.
Y ninguna cantidad de capacitación puede resolver lo que muchos médicos ven como el principal problema: las severas sanciones penales de la ley. Si son declarados culpables de realizar un aborto ilegal, los médicos se enfrentan a hasta 99 años de prisión, $100,000 en multas y la pérdida de su licencia médica. Incluso la posibilidad de una batalla legal larga y pública puede ser un elemento disuasorio poderoso, dijeron muchos médicos a ProPublica.
La Junta Médica de Texas escribe en su capacitación que “el riesgo legal de enjuiciamiento es extremadamente bajo” si los médicos practican “medicina basada en evidencia”, siguen “protocolos de emergencia estándar” y documentan los casos adecuadamente. La capacitación también enfatiza repetidamente que la carga ahora recae en el estado para demostrar que “ningún médico razonable” habría realizado el aborto. Antes de la Ley de Salvación de la Madre, los fiscales podían acusar a un médico de realizar un aborto ilegal con poca evidencia.
Esa garantía suena hueca para algunos médicos, quienes señalan las acciones del Fiscal General de Texas, Ken Paxton, desde que la prohibición del aborto del estado entró en vigor.
La Dra. Damla Karsan, una obstetra y ginecóloga con sede en Houston, dijo que aprecia que la capacitación diga a los médicos que pueden usar su experiencia para tomar decisiones clínicas durante situaciones de emergencia. “Pero tener que defender tu decisión sigue siendo aterrador”, dijo Karsan.
En 2023, Paxton anuló el juicio médico de Karsan cuando su paciente Kate Cox solicitó un aborto a las 20 semanas después de saber que el feto tenía una anomalía genética fatal. Texas prohíbe los abortos por todas las anomalías fetales a menos que la mujer embarazada se enfrente a una emergencia médica. Karsan argumentó que Cox calificaba: previamente había tenido dos cesáreas, lo que aumentaba su riesgo de hemorragia, infección e infertilidad futura. Un tribunal inferior de Texas permitió el aborto, pero Paxton apeló el fallo ante la Corte Suprema de Texas, que finalmente revocó la decisión, argumentando que Karsan no había hecho lo suficiente para demostrar que la vida de Cox estaba en riesgo.
La oficina de Paxton no respondió a las repetidas solicitudes de comentarios sobre el caso de Cox y la afirmación de la junta médica de que el riesgo de acciones legales para los médicos que sigan sus pautas es extremadamente bajo.
El Dr. Sherif Zaafran, presidente de la Junta Médica de Texas, dijo a ProPublica que la capacitación fue revisada por Paxton, así como por el gobernador Greg Abbott y el senador estatal Bryan Hughes, el autor de la prohibición del aborto. La junta, que tiene 19 miembros designados por el gobernador, incluidos 12 médicos con licencia pero sin obstetras y ginecólogos, también consultó con la Asociación de Hospitales de Texas y la Asociación Médica de Texas.
Todos los médicos que ejerzan atención obstétrica, incluidos todos los médicos de urgencias y salas de emergencia, deberán completar el curso en línea autoadministrado antes de 2027 para obtener o renovar su licencia.
Múltiples médicos dijeron a ProPublica que las decisiones sobre la atención del aborto también están influenciadas por los abogados de los hospitales. La Ley de Salvación de la Madre exigió que la Colegio de Abogados de Texas creara su propia capacitación para abogados, que ProPublica revisó. Esa presentación también explica que los fiscales que buscan presentar una acusación penal ahora deben demostrar que ningún otro médico proporcionaría un aborto si se enfrentara al mismo escenario.
Blake Rocap, un abogado de larga trayectoria en materia de derechos reproductivos, dijo que la guía estatal debería brindar más protección a los médicos y hospitales para ayudar a las pacientes a acceder a la atención. “Salvará vidas”, dijo.
Después de que la prohibición del aborto de seis semanas de Texas entró en vigor en 2021, los médicos, los hospitales y los defensores de los derechos reproductivos instaron repetidamente a la Junta Médica de Texas a proporcionar orientación sobre cómo los profesionales médicos podían cumplir con ella. En particular, buscaron claridad sobre la vaga excepción de la ley para una “emergencia que amenaza la vida”.
Durante años, la junta rechazó la solicitud, argumentando que carecía de autoridad.
En ausencia de orientación, reinó la confusión en todo el estado. El estándar de atención para las pacientes que abortan espontáneamente en el segundo trimestre, por ejemplo, es ofrecer vaciar el útero, lo que puede reducir el riesgo de infección y sepsis, según las principales organizaciones médicas. Si bien algunos médicos de Texas le dijeron a ProPublica el año pasado que ofrecen regularmente vaciar el útero en estos casos, otros dijeron que sus hospitales no les permitían hacerlo hasta que se detuviera el latido fetal o pudieran documentar una complicación que amenazara la vida, lo que provocó retrasos en la atención como el que experimentó Barnica. En todo el estado, los casos de sepsis en las pérdidas de embarazo del segundo trimestre aumentaron más del 50% después de la entrada en vigor de la prohibición, según un análisis de datos de ProPublica.
En 2024, la junta emitió una guía limitada que establece que los proveedores no necesitan esperar hasta que una mujer embarazada esté al borde de la muerte para intervenir. La nueva capacitación va más allá, ofreciendo ejemplos detallados de cuándo el aborto sería legal.
Un estudio de caso aborda a las pacientes que se someten a un aborto en otro estado pero retienen tejido en el útero. Debido a que el embarazo ya había terminado, la junta médica aconseja que “el tratamiento continuo de cualquier producto retenido no es un aborto y no se considera ayudar y abogar por un aborto”. ProPublica investigó la muerte de una mujer en Georgia, Amber Thurman, que murió de sepsis cuando los médicos allí retrasaron el vaciado de su útero después de un aborto incompleto.
La capacitación también aclara que la definición de embarazos ectópicos, que siempre son potencialmente mortales, incluye cualquier embarazo que se implante en una ubicación anormal fuera de la cavidad uterina. Las leyes anteriores definían un embarazo ectópico como uno fuera del útero. Si bien la mayoría de los embarazos ectópicos ocurren en las trompas de Falopio, algunos también pueden implantarse dentro del útero, como en el tejido cicatricial de un embarazo anterior.
Aún así, la capacitación no aborda un problema clave en el manejo del aborto espontáneo que los informes de ProPublica han destacado: la pérdida temprana del embarazo a menudo no se puede diagnosticar de manera concluyente con una sola ecografía. Confirmar que un embarazo ha terminado puede llevar días o semanas. En esos casos, algunos médicos han dejado a las mujeres sangrando y con dolor en lugar de ofrecer un legrado, un procedimiento que puede prevenir la hemorragia. Otra mujer de Texas, llamada Porsha Ngumezi, murió en 2023 mientras abortaba espontáneamente, según el médico forense, después de que su médico no le realizara un legrado.
La capacitación tampoco ofrece instrucciones sobre cómo atender a las pacientes cuyos embarazos son de alto riesgo debido a afecciones médicas subyacentes como trastornos autoinmunes, presión arterial alta no controlada o enfermedades cardíacas. El embarazo a menudo puede exacerbar estas afecciones crónicas, a veces lo que lleva a un pequeño riesgo de muerte, pero los médicos pueden no considerar esto “que amenaza la vida”.
Walker, la mujer de San Antonio sobre la que informó ProPublica el año pasado, tenía presión arterial alta no controlada y desarrolló convulsiones y coágulos sanguíneos. Más de 90 médicos participaron en la atención de Walker, pero ninguno le ofreció la opción de interrumpir su embarazo, según los registros médicos. Los médicos que revisaron la nueva capacitación para ProPublica dijeron que aún no estaba claro cuándo podrían intervenir en casos como el suyo: ¿sería cuando una mujer se queda embarazada porque ya tenía algunos factores de riesgo que hacían que el embarazo fuera más peligroso? ¿O tendrían que esperar hasta que desarrollara síntomas específicos que mostraran que su salud estaba empeorando?
Zaafran dijo que la capacitación deja claro que los médicos pueden juzgar si una paciente corre riesgo de muerte o daño irreversible, y que pueden intervenir antes de que la paciente llegue a ese estado. “En otras palabras, no es necesario esperar hasta que alguien tenga coágulos o convulsiones o lo que sea para determinar que algo debe hacerse”.
Lo que los médicos deben hacer, dijo Zaafran repetidamente, es documentar esos riesgos en caso de que sus pacientes califiquen para un aborto. Pero Karsan argumenta que lo hizo en el caso de Cox, y Paxton la enfrentó en los tribunales de todos modos.
Si bien la capacitación de la junta médica incluye dos estudios de caso relacionados con pacientes con anomalías fetales fatales, ninguno aborda si la ley actualizada permite un aborto en un escenario similar al de Cox. Karsan documentó en los registros médicos que una tercera cesárea pondría a Cox en riesgo de muerte o histerectomía si hubiera una complicación, y ese argumento es lo que compartió con los tribunales. La capacitación enfatiza que una anomalía fetal fatal por sí sola no está cubierta por las excepciones y que “la madre debe tener una afección física que ponga en peligro su vida”. Zaafran se negó a comentar específicamente sobre el caso de Cox, pero dijo que su entendimiento era que no había suficiente documentación.
Cox le dijo a ProPublica que confiaba en el juicio de su equipo médico y que no quería arriesgar su salud continuando con su embarazo. Afligida por la pérdida inesperada, negada la atención y viendo a su médico amenazada por el principal abogado del estado, Cox dijo: “Fue increíblemente aterrador”. Finalmente, viajó fuera de Texas para abortar.
“Estoy agradecida con mis médicos. Sus manos estaban atadas en muchos sentidos”, dijo. “El problema no son nuestros médicos. Es que el embarazo es demasiado complicado para legislarlo”.
