La aprobación de una nueva ley por parte del parlamento israelí que establece la pena de muerte como sentencia predeterminada para palestinos condenados en tribunales militares por ataques letales ha generado una fuerte respuesta internacional. Según la presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Petra Bayr, el estatus de observador de Israel en dicho organismo podría ser suspendido debido a esta legislación, ya que no aplicar la pena de muerte es considerado un requisito esencial para formar parte de ese órgano paneuropeo de derechos humanos.
Bayr señaló que incluso una pena de muerte no discriminatoria es una «línea roja» para el Consejo de Europa, y advirtió que la suspensión podría mantenerse hasta que se tome una decisión en contra de la ley o quede claro que no será aplicada. La normativa, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, se aplica exclusivamente a palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este, mientras que los colonos israelíes quedan excluidos de su alcance.
Organizaciones humanitarias y de derechos humanos han expresado su alarma ante lo que describen como un retroceso significativo, señalando que la ley no solo elimina garantías legales básicas, sino que también permite que los tribunales militares impongan la pena de muerte por mayoría simple, sin necesidad de solicitud fiscal, y prohíbe cualquier conmutación o indulto, exigiendo que las sentencias se ejecuten dentro de los 90 días.
Además, se ha destacado que, aunque la legislación israelí contemplaba anteriormente la pena de muerte solo para casos de genocidio y espionaje en tiempos de guerra, no se han llevado a cabo ejecuciones ni se han impuesto sentencias de muerte desde 1962. Esta nueva norma marca un cambio drástico en la práctica judicial del país.
La controversia ha trascendido fronteras, provocando manifestaciones de protesta en diversos lugares. En Rabat, Marruecos, se organizaron concentraciones contra la ley, donde participantes denunciaron lo que consideran una forma de linchamiento legalizado dirigido exclusivamente contra palestinos, comparándolo con un sistema de apartheid renovado.
Medios internacionales han coinciden en señalar el carácter discriminatorio de la medida, subrayando que afecta desproporcionadamente a la población palestina y que su aplicación en tribunales militares vulnera principios fundamentales de justicia y igualdad ante la ley.
