El abogado del expresidente Donald Trump argumentó este lunes a favor de una amplia potestad que excedería su capacidad para destituir a funcionarios de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y otras agencias independientes.
La jueza liberal Elena Kagan advirtió al procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, que “una vez que se toma este camino, es difícil ver cómo detenerse”. Sauer respondió que “no hemos tomado este camino, creo que el tribunal ya lo ha recorrido”.
La mayoría conservadora del Tribunal Supremo ha invitado, sin duda, al enfoque agresivo sobre el poder ejecutivo defendido por Sauer, tras su decisión de 2024 que protegió a Trump de la persecución penal y lo ha fortalecido en todos los ámbitos.
En las últimas décadas, los jueces también han sentado las bases para revocar un precedente de 1935 que, de mantenerse, habría protegido a la comisionada de la FTC, Rebecca Slaughter, y a otros funcionarios destituidos por Trump antes del final de sus respectivos mandatos. (Slaughter recibió un correo electrónico de Trump en marzo indicando que su “continuación al servicio de la FTC es incompatible con las prioridades de mi Administración”).
El lunes, la mayoría del tribunal parecía dispuesta a dar el siguiente paso y revocar por completo el precedente de 1935 establecido en el caso Humphrey’s Executor v. Estados Unidos. Esta importante decisión ha permitido al Congreso establecer agencias especializadas dirigidas por expertos, protegidos de la presión presidencial, que, por ejemplo, previenen prácticas comerciales fraudulentas, salvaguardan los derechos de los trabajadores o protegen a los consumidores.
La impresión general en la sala del tribunal era que el resultado estaba predeterminado. La mayoría conservadora, a pesar de las protestas de los jueces liberales, cuya frustración era palpable el lunes, ya había permitido a Trump destituir a Slaughter. (La ley que rige la FTC establecía que los comisionados solo podían ser destituidos por “ineficiencia, negligencia en el cumplimiento de sus funciones o mala conducta en el cargo”).
Sin embargo, aún está por verse si el tribunal llegará a otorgar al presidente el poder de destituir a un número aún mayor de funcionarios ejecutivos, incluso en entidades como el Tribunal de Impuestos y el Tribunal de Reclamaciones Federales, tal como abogó Sauer.
Sauer insistió en que el poder de Trump para destituir a los funcionarios se deriva de la disposición del Artículo II de la Constitución que establece que el poder ejecutivo “será ejercido por el Presidente de los Estados Unidos”.
Adoptó la versión más amplia de lo que se conoce como la “teoría del ejecutivo unitario”, que permitiría a Trump destituir a todos los funcionarios del poder ejecutivo, independientemente de sus plazos fijos.
Varios jueces señalaron que esa autoridad podría extenderse a los miembros de ciertos paneles judiciales que dependen del poder ejecutivo. Por ejemplo, los jueces del Tribunal de Impuestos son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado para mandatos fijos de 15 años.
Sauer se basó en gran medida en la decisión del tribunal de 2024 en el caso Trump v. Estados Unidos, que reforzó la concepción del poder “concluyente y preclusivo” del presidente.
Durante las intensas dos horas y media y media de argumentos, Sauer invocó el caso Trump v. Estados Unidos en varias ocasiones, comenzando con su declaración inicial, en la que afirmó que el poder de remoción del presidente se remonta “al Primer Congreso y ha sido confirmado por la jurisprudencia, incluidas al menos nueve decisiones de este tribunal… a través de Trump contra Estados Unidos”.
La jueza conservadora Amy Coney Barrett, una de las que parecía dispuesta a votar en contra de Humphrey’s Executor, no obstante, se mostró molesta por la amplitud de las afirmaciones de Sauer.
“Entonces, procurador general Sauer, usted argumenta que el poder de remoción proviene de la Cláusula de Vesting, y entiendo por qué hace ese argumento porque sería la autoridad más amplia… sería la teoría completa del ejecutivo unitario”, dijo Barrett, una de las juezas nombradas por Trump.
“Pero existen otras teorías sobre dónde podría estar ubicado ese poder”, añadió. “Por ejemplo, si fuera parte de la Cláusula de ‘Cuidado’ (Take Care Clause) de la Constitución, entonces podría ser más limitado porque podría aplicarse solo, o otorgar autoridad de remoción solo, a aquellos funcionarios que ejerzan una discreción significativa, o podría ser adjunto al poder de nombramiento, lo que significaría que los funcionarios inferiores no estarían incluidos en él”.
Sauer reconoció que el tribunal podría adoptar una postura más estrecha en el caso Trump v. Slaughter, pero el defensor inflexible de Trump, que ha tenido un éxito notable ante el Tribunal Supremo, continuó argumentando a favor del poder presidencial más fuerte. El presidente nombró a Sauer, quien ganó el caso de inmunidad para Trump mientras ejercía la abogacía privada, como el principal abogado del gobierno federal ante el Tribunal Supremo.
La jueza Sonia Sotomayor, la jueza liberal de mayor rango del tribunal, le dijo a Sauer que al pedir que se levantaran las protecciones para los administradores independientes, “nos está pidiendo que destruyamos la estructura del gobierno”.
Y añadió, refiriéndose a su rígida noción de poder de remoción presidencial, “Está poniendo en riesgo la independencia del Tribunal de Impuestos, del Tribunal de Reclamaciones Federales, de los tribunales del Artículo I. Está poniendo en riesgo el servicio civil. No veo cómo su lógica podría ser limitada”.
Sauer sugirió que tales tribunales tendrían que ser evaluados individualmente, dependiendo de sus misiones, pero enfatizó que la administración Trump no había impugnado la restricción de remoción de ninguno de esos tribunales.
“Todavía no. Todavía no”, replicó Sotomayor.
El juez conservador Samuel Alito sugirió que el tribunal no necesitaba abordar tales cuestiones en este caso.
“Supongamos que decidimos el caso a su favor, pero no queremos abordar esas otras agencias”, planteó Alito, “¿Qué propondría que dijéramos para reservar una decisión sobre esas agencias que quizás no se presenten ante nosotros en el futuro cercano o quizás en ningún momento en el futuro?”
Sauer dijo que el tribunal podría señalar que “la burocracia federal es vasta” y que no estaba decidiendo sobre asuntos que no habían sido específicamente expuestos y argumentados.
Eso llevó a Kagan a interponerse, “Una vez que utiliza un tipo particular de argumento para justificar algo, no puede darle la espalda a ese argumento si también justifica otra cosa de la misma manera”.
Quizás mirando hacia el futuro, Kagan añadió, “y entonces, ya sabe, poner una nota al pie en una opinión que dice que no decidimos X, Y y Z porque no está ante nosotros no sirve de mucho si toda la lógica de la opinión lo impulsa hacia allí”.
