El proyecto inmobiliario Torre Barcelona, un edificio de 28 pisos y una superficie cercana a los 28.000 metros cuadrados ubicado en el centro de Bogotá, se ha convertido en objeto de una disputa legal entre los copropietarios y la empresa operadora. La iniciativa, originalmente concebida para ofrecer apartaestudios en alquiler a estudiantes con un modelo de hostal, fue impulsada, según informes, por el empresario catalán Manuel ‘Manel’ Grau Pujadas, cercano a la primera dama, Verónica Alcocer.
Empresarios catalanes vinculados al presidente Gustavo Petro y a Alcocer participaron en la concepción, construcción y administración del edificio. De acuerdo con un reporte de la Revista Semana, Grau habría mostrado interés en el terreno donde se levantó la torre, mientras que el Grupo Solerium se encargó de la construcción. Sociedades relacionadas con Grau asumieron la comercialización de las unidades, que inicialmente se ofrecieron a un precio aproximado de 140 millones de pesos.
Barcelona Export Group, cuya fundación ostenta Xavier Vendrell, también participó en una fase inicial del proyecto, impulsándolo hasta 2019, momento en que Vendrell vendió sus participaciones.
A la izquierda, Manuel Grau; a la derecha, Eva Ferrer, en la cita de Verónica Alcocer con Francisco. Foto:Vatican Media Handout. EFE
Las ventas se iniciaron alrededor de 2016 y en 2020 el edificio fue entregado para su operación, bajo la condición de que la administración permaneciera en las mismas manos. El contrato de operación se adjudicó a Smart Rooms Colombia S. A. S., que posteriormente cambió su denominación a The Spot Centro S. A. S. Esta última asumió la gestión del edificio y del fideicomiso creado para la recepción y distribución de los recursos entre los inversionistas. Según la información publicada por Semana, en los registros de la Cámara de Comercio de Bogotá, Grau aparece inicialmente como representante legal y propietario de la operadora, ejerciendo control sobre el fideicomiso.
Con el tiempo, surgieron reclamaciones por parte de los propietarios, representados por la firma Defensa Inmobiliaria, que agrupa a más de 220 propietarios. Estos alegan que la rentabilidad proyectada –7,92% anual a diez años– no se cumplió, y que los rendimientos se situaron alrededor del 3%, a pesar de unas ventas anuales estimadas en 10.000 millones de pesos.
El empresario catalán Manuel Grau Pujadas. Foto:EFE
En consecuencia, los propietarios preparan denuncias penales contra Smart Rooms, The Spot y el propio Grau, por presuntos delitos de estafa, administración desleal y abuso de confianza. Adicionalmente, han presentado acciones ante la Superintendencia Financiera contra la fiduciaria, el fideicomiso, el operador y las sociedades promotoras y constructoras, alegando posibles irregularidades en la constitución y gestión del contrato fiduciario.
Paralelamente, el operador informó a Semana que fue removido de la administración de manera forzosa el 8 de enero, calificando la situación como una “toma forzosa” por parte de los copropietarios. Asegura que esta acción afecta a 143 estudiantes residentes y que ha presentado querellas policiales y denuncias penales al respecto. Los copropietarios, por su parte, afirman que se trató de una recuperación pacífica de la posesión.
Hasta la fecha, Manuel Grau no ha emitido declaración alguna sobre este asunto.
Redacción Justicia
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