La decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia constituye una derrota para la administración de Donald Trump y pone bajo presión su estrategia de utilizar poderes de emergencia para mantener abiertas instalaciones de combustibles fósiles.
Tribunal federal rechaza orden sobre planta de carbón en Michigan
La instalación afectada es la planta generadora J.H. Campbell, una central de 64 años ubicada en West Olive, en el condado de Ottawa, Michigan. Su cierre estaba programado para mayo de 2025, tras un proceso de retiro planificado, pero el secretario de Energía, Chris Wright, invocó facultades de emergencia bajo la Ley Federal de Electricidad con el argumento de asegurar la confiabilidad del suministro eléctrico en la región y atender la demanda vinculada al crecimiento de centros de datos.
La jueza de la Corte de Apelaciones Cornelia Pillard escribió en el fallo unánime de un panel de tres jueces que la sección de la ley que permite órdenes de emergencia es esencialmente un respaldo estrecho y de último recurso. La magistrada añadió que revocar el retiro planificado de la planta genera resultados disruptivos y que no existía una emergencia real dentro del significado de la normativa.
Impugnación legal y costos financieros
La demanda contra la medida federal fue presentada de manera conjunta por grupos ambientalistas y tres estados: Michigan, Illinois y Minnesota, los cuales cuestionaron la legalidad de la directiva. La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, calificó la orden del Departamento de Energía como una maniobra sin sustento en la realidad y afirmó que su oficina combatió lo que denominó un truco político ilegal.
Los opositores a la medida advierten que estos gastos terminarán siendo cubiertos por los consumidores a través de las tarifas eléctricas. La compañía operadora, Consumers Energy Company, busca recuperar esos montos entre clientes de Michigan y otros diez estados, mientras evalúa los pasos a seguir tras el fallo judicial.
Por su parte, el portavoz de Consumers Energy, Brian Wheeler, indicó que la empresa revisa la decisión judicial, pero señaló que la planta continuará operando temporalmente bajo los términos de una directiva reciente del Departamento de Energía que extiende la vigencia hasta mediados de noviembre.
Repercusiones nacionales y medioambientales
El caso de Michigan forma parte de una serie de disputas legales en todo el país relacionadas con órdenes de emergencia emitidas por la administración federal para evitar el cierre de aproximadamente media docena de centrales de carbón en estados como Indiana, Colorado, Florida y Washington, además de una planta de petróleo y gas en Pensilvania.
Campbell ha generado emisiones significativas de contaminantes desde que fue forzada a continuar operando. Ted Kelly, director de energía limpia en dicha organización, indicó que el fallo judicial sienta un precedente importante al establecer que se requiere una emergencia real para justificar la intervención federal, aunque advirtió que la administración podría buscar instancias de apelación adicionales, como una revisión ante la Corte Suprema.
En respuesta a las críticas, una portavoz del Departamento de Energía defendió las medidas y sostuvo que las órdenes de emergencia evitaron apagones y protegieron vidas durante eventos climáticos severos, particularmente durante las tormentas invernales registradas a finales de enero y principios de febrero.
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