El presidente Donald Trump aprobó la ejecución del exmayor del Ejército Nidal Malik Hasan mediante un pelotón de fusilamiento militar, marcando la primera sentencia de este tipo en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial tras su condena por la masacre de Fort Hood en 2009.
El Pentágono confirmó la decisión este lunes tras una recomendación del secretario de Guerra, Pete Hegseth. Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatría militar, abrió fuego en un centro médico de la base en Texas el 5 de noviembre de 2009, un ataque que dejó 13 personas muertas y otras 32 heridas mientras gritaba consignas religiosas, según reportó el portavoz principal del Departamento de Defensa, Sean Parnell, quien indicó en la red social X: El día del juicio para Hasan por fin ha llegado
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La orden presidencial y los detalles del pelotón de fusilamiento
La medida autorizada por la Casa Blanca reactiva un método de ejecución extremadamente poco común en el sistema de justicia militar de Estados Unidos. Sean Parnell, portavoz principal del Departamento de Defensa, anunció la medida a través de un mensaje en la red social X, donde señaló que la fecha, la hora y el lugar definitivos serán determinados por el secretario del Ejército, Adam Telle, de acuerdo con los comunicados difundidos.
Las ejecuciones dentro de las fuerzas armadas são excepcionalmente infrecuentes. El último militar estadounidense ejecutado por la justicia castrense fue el soldado raso John Bennett, quien murió en la horca en 1961 en una prisión de Kansas por el intento de asesinato y violación de una niña, de acuerdo con los registros de la organización sin fines de lucro Death Penalty Information Center. Para encontrar un antecedente de un fusilamiento ordenado por el ejército estadounidense hay que remontarse al 31 de enero de 1945, cuando el soldado raso Eddie Slovik fue fusilado por deserción durante la Segunda Guerra Mundial, según detalló la publicación Air Force Times.
Sean Parnell señaló que El día del juicio para Hasan por fin ha llegado
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El juicio militar y los antecedentes del ataque en Texas
Durante su juicio en el año 2013, Hasan optó por conducir su propia defensa legal ante un panel militar compuesto por 13 oficiales. El exoficial no presentó testigos ni emitió testimonios para refutar los cargos, limitándose a admitir su responsabilidad en los hechos y argumentar que actuó para proteger a insurgentes en Afganistán y oponerse a las ocupaciones militares estadounidenses.
El tribunal castrense lo halló culpable de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 cargos de intento de asesinato. Desde entonces, Hasan ha permanecido confinado en el corredor de la muerte militar en la prisión de Fort Leavenworth, en Kansas, formando parte de un grupo reducido de cuatro reclusos en esa misma situación procesal.
El proceso legal pendiente y los recursos en tribunales civiles
A pesar de la autorización firmada por el mandatario, la ejecución no es inminente. De acuerdo con análisis jurídicos publicados en la revista Army Lawyer, la aprobación presidencial marca el inicio de una fase extensa de revisiones y posibles apelaciones de hábeas corpus ante los tribunales federales civiles, un proceso que podría mantener el caso estancado durante años antes de que se concrete la sentencia.
Los registros oficiales señalan que el tirador utilizó una pistola con mira láser durante la agresión perpetrada en las instalaciones militares de Fort Hood. En las acciones de respuesta participó personal de seguridad civil, específicamente la sargento de policía Mark Todd, quien disparó e hirió al atacante para poner fin a la agresión en el centro médico del recinto.
Entre las víctimas mortales del tiroteo se encontraba un asistente médico civil de 62 años llamado Michael Grant Cahill, quien perdió la vida mientras intentaba someter al agresor. Asimismo, el saldo total incluyó a doce soldados fallecidos en el lugar o a consecuencia de las heridas sufridas, además de una mujer embarazada cuya gestación se interrumpió fatalmente a raíz del ataque.
Los informes elaborados por investigadores castrenses indicaron que el exmilitar había mostrado un desempeño profesional deficiente durante su paso previo por el centro médico Walter Reed, donde requirió supervisiones adicionales. Diversas evaluaciones y memorandos internos apuntaban a un comportamiento problemático antes de su reasignación a la base texana.
La decisión adoptada por la administración federal se produce en un contexto de renovado debate nacional sobre los métodos de ejecución en el país. Pocos días antes del anuncio sobre Hasan, un intento fallido de aplicar la inyección letal en el estado de Tennessee generó cuestionamientos y llevó a las autoridades locales a suspender temporalmente las ejecuciones pendientes y ordenar revisiones independientes.
Especialistas en derecho constitucional y penal señalaron que la búsqueda de alternativas a la inyección letal responde al escrutinio generado por casos recientes donde el procedimiento presentó complicaciones técnicas. Aunque el Departamento de Defensa no vinculó explícitamente ambos eventos, analistas jurídicos apuntan a una tendencia institucional para diversificar los protocolos vigentes.
Las cuatro personas actualmente confinadas en el corredor de la muerte militar se encuentran recluidas en el establecimiento correccional de Fort Leavenworth. Entre los antecedentes históricos figura la autorización firmada en 2008 por el entonces presidente George Bush respecto a otro recluso militar, Ronald Gray, cuya ejecución quedó suspendida por orden judicial y permanece sin ejecutarse.
Los preparativos logísticos para cumplir con las normativas castrenses contemplan que la ejecución sea presenciada por al menos dos medios de comunicación acreditados. Las directrices internas del Ejército establecen que, una vez superados los plazos reglamentarios posteriores al visto bueno presidencial, el secretario de la fuerza armada fijará los detalles definitivos para el cumplimiento de la pena capital.
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