Trump abandona demanda contra el IRS y crea fondo de $1.700 millones para «víctimas» de la «criminalización política»
El expresidente y actual mandatario estadounidense, Donald Trump, retiró este lunes su demanda de $10.000 millones contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE.UU., en un movimiento que abre paso a la creación de un fondo de $1.700 millones para compensar a aliados políticos que alegan haber sido perseguidos por la administración de Joe Biden. Según fuentes consultadas por medios internacionales, el acuerdo —que aún requiere aprobación oficial— busca centralizar recursos públicos para indemnizar a personas vinculadas a causas como el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, así como a otros casos que Trump y sus cercanos califican de «persecución política».
¿Qué incluye el fondo y cómo se financiaría?
De concretarse, el fondo —denominado «Anti-Weaponization» (Anti-Criminalización)— se nutriría con fondos federales y tendría como objetivo principal compensar a los cerca de 1.600 acusados en relación con los eventos del 6 de enero, además de cubrir reclamos legales de Trump, como los $230 millones que solicita por la irrupción en su residencia de Mar-a-Lago en 2022 y las investigaciones sobre supuestos vínculos entre su campaña y Rusia. El acuerdo también incluiría una disculpa pública del IRS por la filtración de sus registros financieros a medios como The New York Times y ProPublica, así como la exención de una auditoría fiscal por parte de la agencia.
El modelo se inspiraría en el histórico acuerdo de $760 millones del caso Keepseagle v. Vilsack (2011), un fallo que compensó a agricultores por prácticas administrativas consideradas abusivas durante la era de Barack Obama. Sin embargo, en este caso, los recursos provendrían de presupuestos federales sin que haya claridad sobre los mecanismos de revisión independiente para evitar conflictos de interés.
Demanda original: ¿Por qué Trump acusó al IRS de «filtrador»?
La demanda inicial, presentada en enero de 2026 en un tribunal federal de Miami, acusó al IRS y al Departamento de Justicia de incumplir su deber al no evitar que un contratista de la agencia —identificado como Daniel Riva— obtuviera y filtrara ilegalmente los registros fiscales de Trump y otros figuras públicas a medios de comunicación entre mayo de 2019 y septiembre de 2020. Los demandantes argumentaron que estas filtraciones respondieron a una estrategia de «persecución selectiva» contra aliados del expresidente.
La retirada de la demanda, anunciada sin detalles oficiales, coincide con informes de que el Departamento de Justicia —bajo el control de Trump— aceleraría la aprobación del fondo. Analistas señalan que este movimiento podría evitar un juicio prolongado y, al mismo tiempo, legitimar la narrativa de «criminalización política» que ha impulsado la campaña de reelección del mandatario.
Reacciones y contexto: ¿Un precedente peligroso?
Organizaciones de transparencia y defensores de la independencia judicial han expresado preocupación por el uso de fondos públicos para compensar reclamos políticos, especialmente en un contexto donde Trump enfrenta múltiples investigaciones penales. Mientras tanto, aliados republicanos celebraron el acuerdo como un «triunfo contra el abuso estatal», aunque no hay consenso sobre la legalidad de destinar recursos federales a causas vinculadas directamente a la agenda del presidente.
El caso refleja una nueva fase en la polarización institucional de EE.UU., donde instituciones como el IRS —tradicionalmente apartidistas— son percibidas como herramientas de conflicto entre el poder ejecutivo y la oposición. La aprobación final del fondo, que podría ocurrir en las próximas semanas, será clave para definir si este modelo se repite en futuros litigios de alto perfil.
