El gobierno de Trump retiene fondos de ayuda internacional aprobados por el Congreso: ¿qué está pasando?
Washington, 17 de junio de 2025 — El gobierno de Donald Trump está incumpliendo las órdenes del Congreso para gastar miles de millones de dólares en ayuda internacional, según un análisis de registros oficiales y entrevistas con expertos legales, exfuncionarios y legisladores. Aunque el presidente firmó una ley en 2025 que asignaba $9.400 millones para salud global —incluyendo tratamientos contra el VIH, tuberculosis y malaria— y más de $5.000 millones en ayuda humanitaria, ocho meses después gran parte de esos fondos sigue sin ser ejecutada. La administración los ha etiquetado como «no asignados», lo que obliga al Departamento de Estado a solicitar aprobación adicional antes de usarlos, según documentos revisados por ProPublica.
El conflicto es parte de una batalla constitucional por el control del gasto público. Expertos en derecho administrativo advierten que estas maniobras —incluyendo retrasos en pagos y el uso de figuras legales cuestionables como las «rescisiones en el bolsillo» (*pocket rescissions*)— podrían violar la Ley de Control de Retenciones (*Impoundment Control Act*), aprobada en 1974 para evitar que presidentes bloqueen fondos aprobados por el Congreso. «Si esto se convierte en práctica habitual, habrá un peligroso debilitamiento del Estado de derecho», advirtió Cerin Lindgrensavage, exabogada del Departamento de Justicia y actual directora del proyecto Protect Democracy.
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### ¿Por qué el Congreso aprobó fondos que el gobierno no está gastando?
El año pasado, la administración Trump desmanteló la USAID, la mayor agencia de ayuda exterior del mundo, despidiendo a casi todo su personal y cancelando miles de programas. Aunque el presidente necesitaba el permiso del Congreso para eliminar la agencia —creada por ley décadas atrás—, los legisladores rechazaron su solicitud y, en su lugar, aprobaron un presupuesto que mantenía la ayuda, aunque en niveles reducidos.
El proyecto de ley específicamente detallaba cómo debían gastarse los fondos:
– $9.400 millones para salud global (VIH, tuberculosis, malaria).
– $5.000 millones en ayuda humanitaria urgente.
– $524 millones para planificación familiar.
– $165 millones para nutrición.
– $109 millones para enfermedades tropicales desatendidas.
Sin embargo, según registros oficiales y testimonios de exfuncionarios, el Departamento de Estado ha ignorado gran parte de estas asignaciones. Por ejemplo:
– Solo se han comprometido $190 millones (un 5%) de los $9.000 millones destinados a salud global en los primeros tres meses del año fiscal, cuando en años anteriores se obligaban alrededor de la mitad en el mismo período, según un análisis de Aid on the Hill, un grupo de exfuncionarios de la USAID.
– El Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR), que ha salvado 26 millones de vidas desde su creación, recibió solo la mitad del presupuesto asignado para 2025, según Dr. Mike Reid, exjefe científico del programa, quien renunció por preocupaciones sobre su gestión.
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### ¿Cómo está el gobierno evitando gastar los fondos?
La administración Trump ha usado al menos tres estrategias legales cuestionables para retrasar o bloquear el gasto:
1. Etiquetar fondos como «no asignados»:
La Oficina de Presupuesto y Gestión (OMB, por sus siglas en inglés), dirigida por Russell Vought, ha clasificado más de $500 millones en salud global y parte de la ayuda humanitaria como «no asignados». Esto obliga al Departamento de Estado a pedir aprobación previa de la OMB antes de usarlos, según datos internos revisados por ProPublica.
2. **»Rescisiones en el bolsillo» (*pocket rescissions*)**:
En 2025, la administración intentó recuperar $13.000 millones en ayuda internacional aprobada por el Congreso mediante una maniobra que los expertos consideran ilegal. Esta táctica —aplicada por primera vez en la era Trump— consiste en pedir la cancelación de fondos tan tarde en el año fiscal que el Congreso no tiene tiempo de rechazarla. Un juez federal bloqueó inicialmente esta medida, pero el gobierno apeló ante la Corte Suprema, que permitió su continuidad en una decisión dividida.
3. Redirigir fondos a organizaciones sin auditorías independientes:
El subsecretario encargado de ayuda exterior, Jeremy Lewin (un abogado de 29 años sin experiencia previa en humanitario, vinculado a Elon Musk), ha canalizado $3.800 millones a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), cuadruplicando su presupuesto. Sin embargo, el acuerdo no permite auditorías independientes por parte de EE.UU., según documentos revisados. «Es un riesgo enorme: si no hay transparencia, no hay rendición de cuentas», advirtió un funcionario anónimo del Departamento de Estado.
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### ¿Qué pasa con los programas más críticos?
A pesar de las órdenes del Congreso, varios programas vitales enfrentan retrasos o recortes:
– Fondo Global para Combatir el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria:
El gobierno debe aportar $661 millones adicionales para cumplir con compromisos pendientes, según un miembro de la junta del Fondo y el grupo Friends of the Global Fight. Sin embargo, el Departamento de Estado afirma haber cumplido «todas las obligaciones actuales». El senador Brian Schatz (D-Hawái), presidente del comité de supervisión, cuestionó esto en una audiencia reciente: «Están subfinanciando el Fondo Global. Esto es incumplimiento con las apropiaciones».
– Planificación familiar y nutrición:
El Congreso asignó $524 millones para planificación familiar y $165 millones para nutrición, pero fuentes internas del Departamento de Estado confirmaron que no se ha gastado casi nada de esos fondos.
– Enfermedades tropicales desatendidas:
Los $109 millones aprobados para combatir enfermedades como la elefantiasis y la ceguera de los ríos también permanecen sin ejecutarse, según dos fuentes familiarizadas con las operaciones del departamento.
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### ¿Qué dice el gobierno y qué opinan los expertos?
El Departamento de Estado respondió a las acusaciones afirmando que:
– «No estamos reteniendo fondos aprobados. Si hay fondos adicionales, los obligaremos según la ley y las prioridades de la administración».
– Han reducido en un 80% los informes pendientes desde que Trump asumió el cargo.
– Lewin ha dedicado «cuatro horas» a discutir ayuda exterior con el Congreso.
Sin embargo, David Super, profesor de derecho en la Universidad de Georgetown y experto en derecho administrativo, calificó las acciones como «una usurpación de poder sin precedentes»: «El presidente está tomando atribuciones que corresponden al Congreso. La Constitución es clara: son ellos quienes tienen el poder de la billetera».
Por su parte, la Oficina de Presupuesto y Gestión (OMB) negó las acusaciones a través de su portavoz, Rachel Cauley, quien afirmó que las críticas son «puro invento» y describió a la USAID como «una agencia gubernamental instrumentalizada». No respondió a una solicitud de aclarar qué parte del informe era falsa.
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Nota: Este artículo se basa en un informe de ProPublica y documentos oficiales del gobierno de EE.UU. Las citas de funcionarios anónimos se incluyen bajo condición de confidencialidad por temor a represalias.
