Trump aprovecha incidente armado en cena de corresponsales para impulsar expansión de poderes de vigilancia
Un tiroteo entre un individuo armado y agentes de seguridad ocurrido el pasado sábado frente a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se ha convertido en el argumento central del presidente Donald Trump para presionar al Congreso a renovar la polémica Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), cuyo vencimiento está previsto para este jueves.
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En una entrevista con Fox News el domingo, Trump reiteró su postura de que está «dispuesto a renunciar a [su] seguridad» con tal de extender esta herramienta de vigilancia, argumentando que los ciudadanos estadounidenses deberían hacer lo mismo «por la seguridad de la nación».
La Sección 702 permite a las agencias de inteligencia de EE.UU. Monitorear las comunicaciones electrónicas de extranjeros en el exterior sin necesidad de una orden judicial. Sin embargo, dado que muchos de los casi 350.000 extranjeros cuyas comunicaciones han sido interceptadas bajo esta ley mantienen contacto con ciudadanos estadounidenses, el programa también facilita la recolección de correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas de estos últimos.
La presentadora de Fox, Jacqui Heinrich, señaló que aún no se sabe si el sospechoso del ataque, Cole Tomas Allen, «fue radicalizado» por algún grupo o individuo extranjero, pero preguntó si el incidente reforzaba «la importancia de contar con estas herramientas para proteger al país». Trump respondió criticando al exdirector del FBI James Comey por haber utilizado FISA para obtener órdenes judiciales que permitieron vigilar a un exasesor suyo durante la investigación sobre los vínculos de su campaña de 2016 con Rusia. Además, mencionó que FISA ha sido clave en la «guerra conjunta de EE.UU. E Israel contra Irán» y en la invasión militar de Venezuela a principios de este año.
«Es realmente necesaria para la seguridad nacional», afirmó Trump. «Irán está devastado, y obtuvimos mucha información usando FISA… Estoy dispuesto a sacrificar mi seguridad por el ejército porque, en última instancia, para mí la causa más importante es la seguridad de nuestra nación».
Sin embargo, expertos señalan que las afirmaciones sobre la eficacia de la Sección 702 carecen de evidencia pública sólida. Jordan Liz, profesor asociado de filosofía en la Universidad Estatal de San José, escribió en una columna publicada en Common Dreams que, aunque el gobierno y las agencias de inteligencia insisten en que este programa ha evitado ataques terroristas, «hay poca información disponible que respalde estas afirmaciones».
Según el Cato Institute, solo existe un caso bien documentado en el que la Sección 702 contribuyó a frustrar un atentado en suelo estadounidense: el complot de 2009 para atentar contra el metro de Nueva York. En ese caso, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) rastreó una comunicación entre un mensajero de Al Qaeda y Najibullah Zazi, un residente en EE.UU. La NSA compartió esta información con el FBI, que logró identificar a Zazi y evitar el ataque. No obstante, Liz destacó que la dirección de correo electrónico del mensajero fue proporcionada por los servicios de inteligencia británicos, lo que sugiere que el éxito dependió más de la cooperación entre aliados que de la Sección 702 en sí.
Hasta el momento, las autoridades no han presentado pruebas de que Allen, el presunto autor del tiroteo del sábado, tuviera vínculos con organizaciones extranjeras. Según un documento atribuido al sospechoso, este habría actuado motivado por sus creencias cristianas y su rechazo a políticas de la administración Trump, como el trato a migrantes en centros de detención, los bombardeos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, y el ataque a una escuela primaria en Irán.
Presión en el Congreso para renovar la ley
La Sección 702 fue renovada por última vez en 2024, pero dos intentos recientes para extender su vigencia —uno por 18 meses y otro por cinco años— fracasaron en el Congreso. Los opositores argumentaron que el programa carece de salvaguardas suficientes para proteger la privacidad de los ciudadanos y que permite a corredores de datos vender información personal a agencias gubernamentales sin supervisión judicial.
Ante este escenario, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), presentó la semana pasada un nuevo proyecto de ley que busca extender la Sección 702 por tres años. La propuesta incluye exigir al FBI que presente informes mensuales sobre sus revisiones de datos de ciudadanos estadounidenses a un funcionario de supervisión, además de establecer sanciones por abusos. Sin embargo, defensores de la privacidad han rechazado estas medidas por considerarlas insuficientes.
El Comité de Reglas de la Cámara estaba programado para reunirse este lunes con el fin de avanzar el proyecto hacia una votación. Mientras tanto, el representante Jamie Raskin (demócrata por Maryland) distribuyó un memorando entre sus colegas instándolos a rechazar la iniciativa republicana. En el documento, Raskin criticó que el proyecto «continúa con la desastrosa política de confiar en que el FBI se autorregule y reporte sus propios abusos», señalando que los agentes aún podrían «recolectar, buscar y revisar comunicaciones de estadounidenses sin supervisión judicial».
Cuatro demócratas —los representantes Josh Gottheimer (Nueva Jersey), Tom Suozzi (Nueva Jersey), Marie Gluesencamp Perez (Washington) y Jared Golden (Maine)— rompieron filas con su partido a principios de este mes al apoyar una votación procedimental para avanzar la reautorización de la Sección 702. Ahora, grupos defensores de la privacidad intensifican la presión sobre ellos para que se opongan a la nueva propuesta.
«Todo depende de estos cuatro legisladores y de la postura que adopten», declaró Hajar Hammado, asesora principal de políticas en Demand Progress, en una entrevista con The Intercept. «La pregunta es si seguirán facilitando que Trump y [el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca] Stephen Miller obtengan poderes de vigilancia sin garantías ni reformas que eviten violaciones a las libertades civiles».
