La administración de Donald Trump y la entonces Fiscal General Pam Bondi implementaron cambios significativos en el Departamento de Justicia (DOJ) con el objetivo de impulsar su agenda política y desafiar a sus detractores.
Tras su confirmación, Bondi instruyó a los abogados del DOJ que su tarea principal era “promover, proteger y defender con celo” las políticas de los Estados Unidos, tal como las estableciera la presidencia. Esta directiva sugiere un enfoque en la defensa activa de las iniciativas del gobierno, incluso frente a posibles desafíos legales.
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