En Turquía, el Ministerio de Justicia ha preparado un proyecto de ley que introduce nuevas infracciones penales dirigidas a la comunidad LGBTQIA+. El texto retoma disposiciones que fueron previamente retiradas a finales de 2025 del undécimo paquete judicial, tras la oposición de organizaciones de defensa de los derechos humanos y asociaciones locales.
Según información publicada por medios de comunicación turcos y organizaciones de la sociedad civil, el proyecto de ley penalizaría con una pena de prisión de uno a tres años a cualquier persona que “incite, alabe o promueva públicamente conductas contrarias al sexo biológico asignado al nacer”. Esta formulación, carente de una definición jurídica precisa, podría aplicarse a declaraciones públicas, actividades asociativas, campañas de sensibilización o contenidos difundidos en línea relacionados con los derechos e identidades LGBTQIA+. Diversos observadores señalan que la amplitud del texto podría dar lugar a interpretaciones extensivas por parte de las autoridades judiciales.
El proyecto también contempla sanciones para la participación en ceremonias de compromiso o matrimonio entre personas del mismo sexo, con penas que podrían alcanzar los cuatro años de prisión. Si bien el matrimonio entre personas del mismo sexo no está reconocido en Turquía, las relaciones homosexuales no han sido penalizadas desde 1858, durante el Imperio Otomano. La introducción de una infracción para las ceremonias simbólicas representaría, por tanto, una evolución significativa en el marco legal.
En el ámbito médico, el proyecto de ley eleva la edad mínima para acceder a intervenciones de afirmación de género de 18 a 25 años e impone múltiples evaluaciones médicas sucesivas. Cualquier intervención realizada fuera del marco legal estaría sujeta a penas de prisión de tres a siete años, con sanciones agravadas en caso de que involucre a un menor.
El presidente Recep Tayyip Erdoğan proclamó 2025 como el “año de la familia” y defiende regularmente posturas conservadoras sobre cuestiones relacionadas con el género y la sexualidad. En los últimos años, varias marchas del orgullo han sido prohibidas en Estambul y varias asociaciones han sido objeto de procedimientos administrativos o judiciales.
Organizaciones turcas, entre ellas Kaos GL, denuncian un intento de reintroducir, a través de un texto autónomo, medidas que habían sido previamente descartadas. Amnistía Internacional y Human Rights Watch ya habían considerado que las versiones anteriores de estas propuestas vulneraban la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y el principio de no discriminación. Turquía es, además, parte de la Convención Europea de Derechos Humanos, que protege estas libertades fundamentales.
A día de hoy, el proyecto de ley no ha sido aprobado. Su posible inclusión en el orden del día del Parlamento podría reavivar un debate nacional e internacional sobre la compatibilidad de estas disposiciones con los compromisos jurídicos del país en materia de derechos humanos.
