UBS bajo escrutinio: presión política y silencio de los grandes accionistas
La tensión entre el gobierno suizo y UBS, el mayor banco del país, ha escalado en los últimos días. La ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, acusó públicamente a la entidad de ejercer un «lobbying excesivo» para bloquear una nueva regulación bancaria conocida como «Lex UBS», diseñada para reforzar los requisitos de capital tras la absorción de Credit Suisse en 2023. En declaraciones recogidas por medios locales, Keller-Sutter criticó el estilo de las gestiones de UBS, afirmando que «no es muy suizo» y que las conversaciones entre empresas y políticos deberían desarrollarse «en otro nivel».
El conflicto se agrava por las denuncias de parlamentarios que, según la ministra, temen represalias económicas: «He escuchado a diputados que creen que UBS podría reducir sus aportaciones a sus partidos si no apoyan sus intereses». Estas declaraciones reflejan una preocupación creciente sobre la influencia de la banca en la política suiza, especialmente tras la crisis que llevó a la desaparición de Credit Suisse.
El poder de los accionistas: ¿quién decide en UBS?
UBS cuenta con alrededor de 230,000 accionistas registrados, que poseen el 42% de las acciones. El 58% restante pertenece a inversores institucionales o privados que no figuran en el registro oficial, lo que les permite mantener el anonimato y renunciar a su derecho a voto en la junta general. Esta estructura opaca dificulta conocer con exactitud quiénes son los principales actores detrás de las decisiones estratégicas del banco.
Entre los accionistas registrados, la mayoría son pequeños inversores (228,800 personas o empresas con menos de 100,000 acciones), que en conjunto controlan el 23% de las acciones registradas. El resto está en manos de 580 grandes accionistas, principalmente fondos de inversión y gestoras de activos, que concentran el 77% de las acciones registradas. Según datos de Bloomberg, entre los mayores tenedores destacan:
- Fondos soberanos, como el de Noruega.
- Gestoras de activos globales, como BlackRock o Vontobel.
- Fondos de pensiones, incluyendo el de los funcionarios públicos japoneses.
Sin embargo, estos grandes accionistas han mantenido un silencio notable en el debate público sobre los requisitos de capital. Mientras los pequeños inversores expresan opiniones divididas —algunos exigen mayor solidez financiera, otros priorizan la rentabilidad—, los principales tenedores de acciones no han hecho declaraciones oficiales. Esta falta de transparencia alimenta las sospechas sobre posibles presiones para evitar regulaciones más estrictas.
Financiación política: ¿un arma de influencia?
UBS destinó 1.2 millones de francos suizos en 2025 a financiar partidos políticos en Suiza, según sus propias cifras. La entidad establece dos condiciones para otorgar estas aportaciones: que los partidos apoyen «el libre mercado, la economía de competencia y el sector financiero suizo», y que cuenten con representación en el Parlamento nacional o en al menos un gobierno cantonal. Los montos se calculan en función de los escaños obtenidos en las cámaras legislativas.
Aunque la distribución exacta de estos fondos no se hace pública, el sistema ha generado controversia. Críticos señalan que este modelo de financiación podría crear dependencias entre los partidos y el sector bancario, especialmente en un contexto donde UBS busca evitar regulaciones que limiten su flexibilidad operativa. La ministra Keller-Sutter no ha ocultado su malestar: «No es aceptable que una empresa utilice su poder económico para condicionar decisiones políticas».
Beneficios récord y presiones regulatorias
El miércoles, UBS presentará sus resultados financieros, y las expectativas apuntan a un beneficio récord. Analistas prevén que el banco podría anunciar ganancias cercanas a los 10,000 millones de francos en el primer trimestre de 2026, impulsadas por la integración de Credit Suisse y la expansión internacional, especialmente en Estados Unidos. Este crecimiento ha reavivado el debate sobre si UBS debería destinar parte de sus beneficios a fortalecer su capital, en lugar de priorizar recompras de acciones o dividendos.
La «Lex UBS», propuesta por el gobierno, exigiría al banco mantener un colchón de capital más elevado para prevenir futuras crisis. Sin embargo, UBS argumenta que estas medidas podrían limitar su competitividad global, especialmente frente a bancos estadounidenses con requisitos menos estrictos. La expansión de UBS en EE.UU. —donde ya opera como uno de los principales actores en banca de inversión— ha generado alertas sobre posibles riesgos para los contribuyentes suizos, en caso de que el banco requiera un nuevo rescate.
Mientras el pulso entre UBS y las autoridades continúa, el silencio de los grandes accionistas y la opacidad en la financiación política dejan preguntas clave sin responder: ¿hasta qué punto la estabilidad financiera de Suiza depende de las decisiones de unos pocos actores invisibles? Y, sobre todo, ¿quién asume los riesgos cuando el crecimiento de UBS choca con los intereses públicos?
