La Unión Europea (UE) ha creado un nuevo instrumento para contrarrestar las amenazas económicas y las prácticas comerciales desleales impuestas por terceros países. Conocido como Instrumento Anticoerción (ACI), este mecanismo, que entró en vigor en diciembre de 2023, aún no ha sido utilizado.
Según la propia UE, el comercio global es un motor de riqueza y creación de empleo. Sin embargo, algunos países recurren a la coerción o a restricciones comerciales para obtener ventajas injustas para sus empresas, lo que genera conflictos comerciales con el bloque europeo. Países como Francia han manifestado su interés en ver este instrumento aplicado contra Estados Unidos, en un contexto marcado por la intención del presidente Donald Trump de imponer nuevas tarifas a naciones europeas que no se alineen con sus políticas, incluyendo sus aspiraciones sobre Groenlandia.
El ACI surge como respuesta a la creciente frecuencia de estas situaciones. Su objetivo es permitir a la UE hacer frente a países que restringen el comercio con el fin de forzar cambios en las políticas europeas. Un ejemplo citado es la imposición de restricciones comerciales por parte de China a Lituania, tras el anuncio de esta última en junio de 2021 de una mejora en sus relaciones comerciales con Taiwán. El Parlamento Europeo ha denunciado en varias resoluciones la coerción económica ejercida por China contra Lituania.
Antes de la implementación del ACI, la UE ya contaba con medidas antidumping, que le permitían imponer sanciones a terceros países que incurrieran en prácticas desleales en Europa, a través de aranceles o derechos sobre los productos afectados. No obstante, estas medidas debían ajustarse a las normas establecidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Si bien la UE es miembro de la OMC y puede recurrir a esta organización para resolver disputas comerciales, los procedimientos pueden ser largos y no abarcan todas las posibles infracciones. El Instrumento Anticoerción se concibe como un elemento disuasorio, que busca resolver conflictos a través de la negociación. Sin embargo, como último recurso, permite lanzar contramedidas contra un país no perteneciente a la UE, incluyendo restricciones en el comercio, la inversión y la financiación.
El acuerdo sobre el texto final de la legislación se alcanzó el 6 de junio de 2023 entre el Parlamento y el Consejo, siendo aprobado por los eurodiputados el 3 de octubre del mismo año. Para su aplicación, el ACI requiere la aprobación por mayoría cualificada de los Estados miembros.
El Instrumento Anticoerción de la UE es, en definitiva, un mecanismo que permite al bloque responder a presiones económicas injustas por parte de terceros países, permitiendo retorsiones comerciales cuando los 27 en su conjunto, o cualquiera de sus miembros, sean objeto de chantaje económico para modificar sus políticas o leyes. Las posibles medidas incluyen la suspensión de concesiones arancelarias, restricciones al comercio de servicios, barreras a la inversión o limitaciones al acceso a licitaciones públicas o al mercado de determinados productos. Se considera una herramienta de último recurso.
