Un jurado en Texas declaró no culpable a un oficial de policía que respondió al tiroteo masivo de 2022 en Uvalde, Texas, por cargos de poner en peligro a menores. El oficial Adrian Gonzales fue acusado de no actuar durante la tragedia ocurrida en la escuela primaria Robb en mayo de 2022, cuando un joven de 18 años asesinó a 19 estudiantes y dos maestras.
Según un informe federal de 2024, casi 400 agentes respondieron a la escuela Robb, pero transcurrieron 77 minutos desde la llegada de los primeros oficiales hasta que la policía confrontó y neutralizó al atacante. El jurado llegó a su veredicto el miércoles, aproximadamente siete horas después de iniciar las deliberaciones.
Gonzales fue absuelto de los 29 cargos relacionados con acusaciones de abandono y poner en peligro a las 19 víctimas fatales y a 10 sobrevivientes. Durante el juicio, que duró tres semanas, la fiscalía argumentó que Gonzales, de 52 años, no confrontó inmediatamente al atacante al ser el primer oficial en llegar al lugar. “No se puede permanecer al margen y permitir que esto suceda”, declaró el fiscal especial Bill Turner durante los argumentos finales, enfatizando la necesidad de detener al agresor en los momentos críticos iniciales del tiroteo.
El abogado defensor, Jason Goss, argumentó que la fiscalía estaba buscando un chivo expiatorio en Gonzales, de 52 años, y hacerlo “pagar por el dolor de ese día”. El juicio del oficial Gonzales representó un caso poco común en Estados Unidos de un agente de policía acusado de no proteger a niños de daños criminales.
Las críticas sobre la respuesta de emergencia al tiroteo de Uvalde dieron lugar a múltiples demandas. Las familias de las víctimas alcanzaron un acuerdo de 2 millones de dólares (1.49 millones de libras esterlinas) con la ciudad de Uvalde en 2024 como compensación por la respuesta al incidente, uno de los tiroteos escolares más mortíferos en la historia de Estados Unidos.
El informe de 2024 del Departamento de Justicia de EE. UU., publicado bajo la administración Biden, describió una «falta de urgencia» en la respuesta policial al tiroteo. El informe se centró en la lentitud de la respuesta de emergencia, señalando que los agentes no comprendieron que se trataba de un tirador activo y que hubo “fallas en cascada en el liderazgo, la toma de decisiones, las tácticas, las políticas y la capacitación”.
