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En diciembre pasado, la Comisión de Relaciones Laborales y Empleo en la Función Pública rechazó las impugnaciones de principio presentadas en 2021 por la AFPC contra la política de vacunación obligatoria aplicada en varios lugares de trabajo federales.
Estas impugnaciones argumentaban que colocar al personal no vacunado en licencia administrativa sin goce de sueldo –tanto en persona como en teletrabajo– excedía los límites razonables y se asemejaba a una sanción disciplinaria. La política fue suspendida en junio de 2022.
La Comisión determinó que esta política se enmarcaba dentro del poder de dirección del empleador y que la imposición de una licencia administrativa sin goce de sueldo no constituía una sanción disciplinaria.
