La detención del presidente Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses ha puesto de relieve la crisis de deuda de Venezuela, una de las mayores insolvencias estatales sin resolver a nivel mundial.
La deuda del país ha seguido aumentando desde entonces, con la acumulación de intereses y las reclamaciones por indemnización de empresas previamente expropiadas.
El precio de los bonos venezolanos, prácticamente sin valor, ha aumentado desde la toma de posesión del presidente estadounidense Donald Trump en enero de 2025. Los especuladores apuestan por un cambio de régimen y confían en que un nuevo gobierno sea más propenso a pagar sus deudas.
¿Cuánto debe Venezuela?
Los analistas estiman que Venezuela tiene bonos pendientes por un valor de aproximadamente 60.000 millones de dólares. Sin embargo, la deuda externa total, incluyendo las obligaciones de la petrolera estatal PDVSA, los préstamos bilaterales y los laudos arbitrales, se sitúa, según los analistas, entre 150.000 y 170.000 millones de dólares, dependiendo de cómo se contabilicen los intereses acumulados y las sentencias judiciales.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el producto interno bruto (PIB) nominal de Venezuela para 2025 es de alrededor de 82.800 millones de dólares, lo que representa una tasa de endeudamiento del 180 al 200 por ciento.
Un bono especial de PDVSA, respaldado por una participación mayoritaria en la refinería estadounidense Citgo, tiene una importancia particular. Debido a la falta de pagos, Citgo es ahora el activo central por el que los acreedores luchan en los tribunales.
Quiénes son los acreedores
Hoy en día, poca gente sabe a quién pertenecen realmente los bonos de deuda venezolanos. Esto se debe a las sanciones de larga duración que han prohibido su comercio. Un gran problema es la falta de cifras precisas, ya que Venezuela no ha publicado estadísticas de deuda en años.
Esencialmente, existen tres grandes grupos de acreedores:
El grupo más grande son los inversores internacionales, que han comprado bonos de Venezuela o de la petrolera estatal PDVSA. Entre ellos también hay especialistas que apuestan deliberadamente por estos papeles prácticamente sin valor para obtener grandes ganancias en caso de un cambio.
Un segundo grupo son empresas como la petrolera estadounidense ConocoPhillips, cuyo patrimonio en Venezuela fue expropiado por el Estado. Han demandado ante tribunales internacionales y han obtenido indemnizaciones por miles de millones de dólares, convirtiéndose así también en acreedores.
Como tercer grupo, hay Estados que han prestado dinero a Venezuela, principalmente China y Rusia.
No hay solución a la vista
Un nuevo plan de pago o una reestructuración de la deuda probablemente sería extremadamente complicado y tardaría años. Hay varias razones para ello: normalmente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ayuda y elabora un plan. Sin embargo, Venezuela no ha colaborado con el FMI durante casi 20 años. Las sanciones estadounidenses también impiden que Venezuela contraiga nuevas deudas, ya que Estados Unidos establece las reglas del juego en los mercados financieros, a menos que Washington dé ahora su permiso. Un tercer punto es el caos político. Dada la gran variedad de demandas, los innumerables procedimientos judiciales y la situación incierta, un acuerdo rápido es poco probable.
Los expertos incluso suponen que los acreedores tendrán que renunciar a al menos la mitad de sus reclamaciones. Actualmente, los bonos se negocian a alrededor de 27 a 32 centavos por dólar. Incluso en los cálculos más optimistas de bancos como Citigroup, los acreedores acabarían recibiendo menos de la mitad del valor original.
Existen ideas para proporcionar a los acreedores papeles adicionales cuyo valor esté vinculado al precio futuro del petróleo. Pero incluso con esto, los expertos estiman que no recuperarían mucho más.
Perspectivas sombrías
Las perspectivas económicas son sombrías. La economía del país ha disminuido drásticamente desde 2013 debido al colapso de la producción petrolera. Esto ha provocado una pobreza y una inflación extremas. Sin una reducción profunda de la deuda, el país no tiene margen para cumplir con sus obligaciones. La situación se ha visto agravada recientemente por un bloqueo estadounidense de petroleros.
