Existe un mecanismo legal que podría frenar la venta de activos estratégicos, pero para ello sería necesario demostrar amenazas concretas a la refinería y a los intereses del país. El Gobierno podría exigir garantías a las empresas involucradas para evitar obstáculos al acuerdo.
Se describe como una “bomba atómica” que otorga al Gobierno en funciones la capacidad de bloquear la venta de activos estratégicos nacionales. Su objetivo es impedir que inversores ajenos a la Unión Europea tomen control de sectores clave, como el energético. Creada hace 12 años, nunca ha sido utilizada hasta la fecha, y ahora surge la interrogante de si se aplicará al acuerdo entre Galp y Moeve.
Para activar este mecanismo, es imprescindible acreditar la existencia de amenazas, en este caso, al funcionamiento de la refinería de Sines, al oleoducto que abastece a la región de Lisboa y al suministro de combustible al país.
Según la información disponible, la refinería de Sines pasará a ser propiedad de una sociedad en la que Galp conservará un 20%, mientras que el 80% restante estará en manos de la española Moeve. La particularidad reside en que Moeve está controlada por el fondo soberano de Abu Dhabi (Mubadala), con una participación superior al 61%, y por el fondo estadounidense Carlyle Group, con un 38%.
Fuentes indican que una de las opciones que se baraja es la exigencia de garantías por parte del Gobierno a ambas petroleras, lo que podría traducirse en cláusulas que aseguren que la refinería no será vendida en el futuro o que las empresas continúen invirtiendo en su desarrollo, una suerte de acuerdo parasocial.
El ministro de Economía, Castro Almeida, declaró esta semana que sería “preferible” tener “una refinería totalmente controlada desde Lisboa”.
Esta postura contrasta con la de la ministra de Medio Ambiente y Energía (responsable del sector), quien ha aplaudido el acuerdo, argumentando que Galp se beneficiará de su participación en una sociedad que operará tres refinerías: una en Portugal y dos en España. Curiosamente, el Ministerio de Economía tardó casi una semana en reaccionar al acuerdo con un comunicado, a pesar de no ser el organismo responsable de la supervisión de la refinería.
Para que se active la mencionada “bomba atómica”, deben cumplirse ciertas condiciones. En caso de que el Gobierno decida cancelar el acuerdo, una decisión carente de una sólida justificación podría ser impugnada en los tribunales y revertida.
La refinería de Sines abastece el 90% de los combustibles consumidos en Portugal, siendo fundamental para la independencia energética del país. Es la mayor empresa exportadora a nivel nacional.
Tras la firma del contrato, el Gobierno dispone de 30 días para iniciar un “procedimiento de evaluación, mediante una decisión fundamentada, con el fin de valorar el riesgo que dicha operación podría suponer para la defensa y la seguridad nacional o para la seguridad del suministro del país en servicios fundamentales para el interés nacional”.
El régimen de salvaguarda de activos estratégicos establece que el Consejo de Ministros “puede oponerse (…) a la realización de operaciones que resulten, directa o indirectamente, en la adquisición del control, directo o indirecto, por una persona o personas de países terceros a la Unión Europea (…) en los casos en que se determine que puedan poner en peligro, de forma real y suficientemente grave, la defensa y la seguridad nacional o la seguridad del suministro del país en servicios fundamentales para el interés nacional”.
España cuenta con ocho refinerías: cuatro de Repsol, dos de Moeve y una de BP. En 2023, fue el tercer mayor productor europeo de productos petrolíferos.
¿Cuáles son las amenazas contempladas por la ley? Amenazas a la “seguridad física e integridad de los activos estratégicos”; a la “disponibilidad y operatividad permanentes”.
No obstante, el poder existe: “El Consejo de Ministros (…) puede decidir oponerse a la operación, mediante una decisión fundamentada (…) y respetando los principios legales aplicables, en particular el principio de proporcionalidad”. La legislación permite a la empresa compradora solicitar al Gobierno la “confirmación de que no se adoptará una decisión de oposición a la misma”.
El Estado posee un 8% de Galp, la familia Amorim un 20% y Sonangol un 16%. Se espera que el acuerdo se concrete este año, pero requiere la aprobación de los reguladores.
