Ante una creciente ola de demandas, las escuelas públicas de California, desde primaria hasta secundaria, implementarán un sistema este año para prevenir el abuso sexual de estudiantes por parte de maestros y personal escolar.
Una nueva ley californiana establece una serie de medidas para capacitar al personal escolar, fortalecer los requisitos de denuncia y evitar que maestros acusados de abuso sean contratados en otros distritos.
La ley, Senate Bill 848, entrará en vigor el 1 de enero y las escuelas deberán tener protocolos establecidos para julio. La ley se aplica a todas las escuelas, incluidas las privadas.
“Estoy orgullosa de ver que este proyecto de ley avance. Ha sido algo muy personal para mí”, declaró la senadora estatal Sasha Renée Pérez, autora de la ley, a CalMatters después de su aprobación. “Para los sobrevivientes, este es un paso importante hacia la justicia”.
Avalancha de demandas
Esta ley surge a raíz de una legislación anterior de California que facilitó que las víctimas demandaran a los distritos escolares y a los condados. Bajo la AB 218, que entró en vigor en 2020, las víctimas pueden presentar una demanda hasta los 40 años, o incluso más si no recordaron haber sido abusadas hasta más tarde en la vida. Esto ha provocado una avalancha de demandas y, hasta el momento, las víctimas han presentado más de 1,000 demandas contra distritos escolares y condados, algunas de las cuales han resultado en pagos enormes. Un jurado en el condado de Riverside otorgó a Moreno Valley Unified una sentencia de 135 millones de dólares en 2023 por acusaciones de abuso, y Los Angeles Unified enfrenta más de 500 millones de dólares en reclamaciones.
En general, las escuelas de California enfrentan casi 3 mil millones de dólares en demandas por abuso sexual de exalumnos, según el Fiscal Crisis and Management Assistance Team, una agencia estatal que ayuda a los distritos escolares con asuntos financieros. Algunos de los incidentes ocurrieron hace décadas, incluso en la década de 1940, y algunos de los pagos han sido tan grandes que han llevado a los distritos a la insolvencia financiera.
Responsabilidad escolar
Si bien la nueva ley no aborda las demandas existentes, sí establece medidas destinadas a prevenir futuros abusos y responsabilizar más a las escuelas. Requiere que las escuelas redacten políticas integrales sobre comportamiento apropiado y capaciten a estudiantes, maestros, entrenadores y otro personal escolar sobre cómo reconocer y denunciar conductas inapropiadas. También amplía el número de personal que está obligado a denunciar acusaciones de abuso.
Quizás el requisito más importante sea la creación de una base de datos de maestros acusados de abuso. La base de datos, que será administrada por la California Commission on Teacher Credentialing, estará disponible para las escuelas durante sus procesos de contratación. El objetivo es evitar que los maestros que han abusado de estudiantes renuncien y sean contratados en otro lugar, para luego abusar de más estudiantes. Los maestros que hayan sido exonerados de cargos erróneos serán eliminados de la base de datos.
Pérez, demócrata de Alhambra, dijo que se inspiró para redactar la nueva ley después de leer sobre generaciones de abusos en la escuela secundaria Rosemead, que se encuentra en su distrito. También le dijo a CalMatters que fue víctima de la atención no deseada de un maestro cuando estaba en la escuela secundaria.
“Ahora se están asignando dólares y centavos a estos casos”, dijo en septiembre. “Esto realmente ha abierto una conversación sobre qué podemos hacer para prevenir mejor estos abusos”.
Carolyn Jones es reportera de CalMatters.
