La Corte Suprema de la India ha suspendido una polémica decisión que anulaba la condena a cadena perpetua de un exlegislador declarado culpable de violar a una adolescente.
Kuldeep Singh Sengar, anteriormente miembro del partido Bharatiya Janata Party (BJP), fue hallado culpable en 2019 en virtud de la Ley de Protección de los Niños contra Delitos Sexuales (Pocso).
Sin embargo, la semana pasada, el Tribunal Superior de Delhi suspendió su condena y le concedió libertad bajo fianza condicional, aunque Sengar permanecía detenido en relación con un caso separado relacionado con la muerte del padre de la víctima. Esta decisión provocó indignación y protestas, incluyendo las de la superviviente y su madre.
El crimen, cometido contra una joven de 17 años en el distrito de Unnao, estado de Uttar Pradesh, fue uno de los más atroces en la India en los últimos años. La víctima, cuya identidad se mantiene confidencial según las leyes indias, denunció que en junio de 2017, al buscar un empleo con Sengar, fue secuestrada y violada durante más de una semana por él y otros individuos.
Su calvario cobró notoriedad nacional en 2018, un año después del asalto, cuando intentó quitarse la vida, alegando la inacción policial. En ese momento, Sengar era un político influyente del BJP, partido que gobernaba tanto en el estado como a nivel nacional. Posteriormente, el partido lo expulsó.
Meses antes de la condena de Sengar en diciembre de 2019, la joven sobrevivió a un sospechoso accidente automovilístico que causó la muerte de dos de sus tías y dejó gravemente herido a su abogado. La familia también acusó a Sengar y a sus hombres de agredir al padre de la víctima en abril de 2018. La policía imputó a cinco hombres por el ataque, pero también arrestó al padre de la joven por posesión ilegal de armas de fuego. Este último falleció mientras estaba en prisión.
En marzo de 2020, Sengar fue declarado culpable de homicidio culposo y condenado a 10 años de prisión.
La decisión del Tribunal Superior de Delhi la semana pasada de liberar a Sengar en el caso de violación se basó en determinar si el asalto podía considerarse “agravado” o no. Según la Ley Pocso, un asalto se considera agravado y conlleva penas más severas si es cometido por alguien en una “posición de confianza o autoridad”, como un funcionario público, un agente de policía dentro de una estación de policía, miembros de las fuerzas de seguridad o personal de un hospital o prisión.
Los abogados de Sengar argumentaron que él era un legislador, lo cual no estaba incluido en la lista de funcionarios públicos bajo esta ley. El Tribunal Superior de Delhi aceptó este argumento, señalando que, sin un asalto agravado, la ley exige una pena mínima de siete años, que Sengar ya había cumplido. Esta decisión, que suspendió su condena y le otorgó la libertad bajo fianza, desató una ola de indignación a nivel nacional.
La víctima, su familia y activistas protestaron en India Gate, en Delhi, donde la joven expresó su temor por su vida en caso de que Sengar fuera liberado. El Buró Central de Investigaciones (CBI), que investigó el caso, apeló la decisión del Tribunal Superior ante la Corte Suprema, argumentando que Sengar, como legislador electo, es un funcionario público que ocupa una “posición constitucional de confianza y autoridad”.
El lunes, la Corte Suprema suspendió la orden del Tribunal Superior hasta que se celebre una audiencia. Un panel encabezado por el presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, señaló que normalmente no se suspenden las órdenes de fianza sin escuchar al acusado o al imputado. Sin embargo, en este caso, lo hicieron debido a “circunstancias y hechos peculiares, ya que el condenado también ha sido sentenciado por el homicidio culposo del padre de la víctima y se encuentra detenido en ese caso”.
