Hartford, CT – El Fiscal General William Tong respondió hoy a los representantes de Concierge Apartments, criticando duramente la insensible y poco empática respuesta de la firma inmobiliaria, respaldada por capital privado y con activos valorados en miles de millones de dólares, ante el deterioro crítico de las condiciones en el complejo de Rocky Hill.
La Oficina del Fiscal General está explorando todas las opciones legales y espera tomar medidas adicionales en los próximos días.
Concierge ha sido objeto de múltiples acciones de cumplimiento de códigos y quejas de inquilinos a lo largo de los años, incluyendo la pérdida de agua caliente y el incumplimiento del mantenimiento de la propiedad, la limpieza y la remoción de nieve. Según los inquilinos, las luces, los electrodomésticos y los ascensores suelen estar fuera de servicio y las órdenes de trabajo son ignoradas, entre otras quejas. Las temperaturas bajo cero han provocado que las tuberías de todo el complejo se congelen y revienten, lo que ha resultado en la pérdida de agua caliente y daños extensos a los edificios y la propiedad personal. El Ayuntamiento de Rocky Hill se ha visto obligado a emitir órdenes de evacuación al determinar que partes del complejo no son seguras para su ocupación.
Los inquilinos han recibido respuestas insensibles y poco útiles a sus solicitudes de asistencia con los daños a la propiedad y la vivienda alternativa.
El Fiscal General Tong, la Representante Estatal Kerry Wood y el Senador Estatal Matthew Lesser escribieron inicialmente a los abogados de Concierge el miércoles, exigiendo que la compañía proporcionara respuestas escritas a: (1) cómo la compañía pagaría el alojamiento y prorratearía el alquiler y los servicios públicos para todos los inquilinos que no hayan podido acceder constantemente a agua caliente u otros servicios esenciales; (2) un plan detallado para reembolsar a los inquilinos por la pérdida de bienes personales; (3) un plan detallado para realizar reparaciones de emergencia inmediatas y garantizar el mantenimiento a largo plazo del complejo de apartamentos; y (4) una política escrita que permita a los residentes que deseen buscar otra vivienda a largo plazo rescindir sus contratos de arrendamiento sin penalización.
El jueves, el abogado local de Concierge respondió.
Hoy, el Fiscal General Tong publicó una nueva carta a Concierge, denunciando la insensible e indiferente respuesta de la compañía.
“Su respuesta es peor que insensible, es cruel. Con el frío extremo que se proyecta para mañana y el domingo, -2 y -3 grados respectivamente, su respuesta puede caracterizarse, en el mejor de los casos, como indiferente”, afirma la carta. “No importa si su cliente gastó 22 millones de dólares en el pasado o espera gastar 2 millones de dólares ahora, esto solo demuestra una cosa: Concierge Apartments no ha hecho lo suficiente para mantener seguros a estos residentes y honrar sus obligaciones legales y éticas con ellos y sus familias. No cabe duda de que Concierge ha puesto un precio a su seguridad y ese precio, sea cual sea, es totalmente inadecuado”.
La carta de hoy reitera la exigencia de importantes créditos de alquiler, el reembolso de los gastos de bolsillo y la opción de que los inquilinos rescindan sus contratos de arrendamiento si así lo desean.
“Es inaceptable exigir a los inquilinos, en su mayoría trabajadores que ahora luchan por tener un techo sobre sus cabezas durante el período más frío que se recuerda, que cumplan con sus obligaciones contractuales con un imperio inmobiliario con sede en Los Ángeles que cuenta con 15 mil millones de dólares en activos inmobiliarios bajo administración en 23 estados. Esto es particularmente escandaloso cuando Concierge puede estar incumpliendo sus propias obligaciones legales y contractuales. Me cuesta creer que un tribunal de Connecticut lo vea de otra manera, y anticipo que un tribunal de Connecticut consideraría firmemente que estos contratos son anulables. Esta catástrofe ha convertido a Concierge, y a su intrincada red de intereses propietarios, en el ejemplo perfecto de todo lo que está mal con la participación de capital privado en bienes y servicios básicos”, afirma la carta.
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