La cuestión central, según el juez de Boston Brian Murphy, es determinar si “el gobierno puede, sin previo aviso, expulsar a una persona al país equivocado, o a un país donde probablemente sea perseguida o torturada”.
En este caso, el magistrado ya había bloqueado provisionalmente en marzo pasado las expulsiones de extranjeros de origen asiático hacia Libia.
Asimismo, en abril suspendió la expulsión de otros extranjeros a Sudán del Sur, considerando que las personas afectadas por una expulsión a un país distinto al suyo deben ser notificadas y tener un plazo significativo para presentar un recurso basado en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
Ahora, pronunciándose sobre el fondo del asunto, el juez Murphy concluyó que las nuevas directrices dictadas en marzo por el Ministerio de Seguridad Interior en materia de expulsiones a países terceros son “ilegales”.
