El Parlamento iraní avanza en la aprobación de nuevas tasas de servicio para los buques que cruzan el estrecho de Ormuz, mientras las autoridades marítimas locales publican una lista negra de embarcaciones sancionadas. Las medidas coinciden con complejas negociaciones diplomáticas sobre el estatus de esta ruta energética vital.
La comisión parlamentaria encargada de la seguridad exterior en Teherán ha continuado el examen del denominado Plan de Acción Estratégico para Garantizar la Seguridad y el Desarrollo del Estrecho de Ormuz. Durante la sesión más reciente, los legisladores aprobaron el artículo tercero de la iniciativa, un punto que había quedado pendiente en encuentros anteriores, según la agencia oficial IRNA.
La medida legislativa busca estructurar un marco formal de cobros por los servicios prestados a las embarcaciones que transitan por una de las vías de transporte de crudo y gas más transitadas del planeta. Las tensiones geopolíticas y los bloqueos comerciales en la región marcan el pulso de estas decisiones normativas.
Tasas de navegación y soberanía en el estrecho de Ormuz
El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Hassan Qashqavi, detalló a los medios que el artículo aprobado contempla el cobro de tarifas por diversos conceptos vinculados al tráfico marítimo.
Los pagos se aplicarán únicamente a los buques de países autorizados para navegar por la zona.
Durante la presentación del plan, los legisladores insistieron en que la iniciativa reconoce la libertad de navegación conforme al derecho y las normas internacionales, al tiempo que subraya la soberanía y la seguridad de los Estados ribereños. Como referencia jurídica, el comité parlamentario citó la postura adoptada por el Sultanato de Omán tras su adhesión a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, defendiendo que su aplicación no debe vulnerar la seguridad nacional del país.
No obstante, la luz verde de la comisión parlamentaria no convierte todavía la propuesta en ley. El texto debe ser sometido al pleno del Parlamento para su votación definitiva y, posteriormente, remitido al Consejo de Guardianes para verificar su conformidad con la Constitución y los principios islámicos.
Lista negra de la PGSA y disputas por el control del tráfico
En paralelo a la tramitación parlamentaria, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA), el organismo creado por Irán para gestionar el paso marítimo, difundió una lista negra con cerca de medio centenar de barcos a los que acusa de infringir las normas locales.
La autoridad advirtió a los propietarios de cargas con origen o destino en el golfo Pérsico que revisen el listado antes de fletar naves, señalando que los infractores se exponen a multas, detenciones o confiscaciones en futuros tránsitos. Asimismo, la institución indicó que cualquier embarcación que coopere con las naves señaladas mediante transferencias de buque a buque también será incluida en la relación.
Este movimiento ocurre en un escenario de confrontación fáctica y narrativa sobre la autoridad en la vía marítima. Mientras Washington sostiene un bloqueo en el que afirma haber desviado decenas de buques comerciales, Teherán reivindica su control y advierte sobre el impacto global de la disputa en las exportaciones energéticas.
Negociaciones bilaterales y condiciones para la reapertura definitiva
Las decisiones internas de Teherán se cruzan con los contactos diplomáticos que Irán mantiene con Omán para definir un nuevo estatus operativo para el estrecho.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, confirmó que un entendimiento sobre la ruta de navegación está próximo, si bien advirtió que la reapertura completa del tráfico comercial requiere condiciones más amplias.
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