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El Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos ha formulado acusaciones contra los educadores del ámbito jurídico, señalando que estos ejercen un control excesivo sobre el proceso de acreditación de las facultades de derecho.
Según la postura del organismo, el sector educativo legal «domina el proceso de establecimiento y aplicación de las normas de acreditación de las facultades de derecho». Asimismo, el Departamento de Justicia sostiene que este grupo tiene la capacidad de determinar los estándares salariales del profesorado, una práctica que ha sido puesta bajo escrutinio por sus posibles implicaciones en el mercado educativo y profesional.
