El Tribunal Permanente de los Pueblos ha centrado su atención en Canadá, estableciendo una instancia judicial en Montreal para examinar el papel del Estado en el sistema de pensionados indígenas. Esta iniciativa busca abordar las denuncias históricas sobre las graves vulneraciones sufridas por las comunidades originarias.
Na’kuset, directora del Foyer para mujeres indígenas de Montreal, ha sido una de las voces principales en este proceso. Según declaró, existe la convicción de que se han cometido «crímenes contra la humanidad» y ha enfatizado que ha llegado el momento de que el Estado canadiense rinda cuentas por sus actos.
El proceso judicial pone de relieve la persistente lucha de las Primeras Naciones, quienes han denunciado enérgicamente lo que consideran una estrategia de negación respecto a la realidad de los pensionados. Estas denuncias han cobrado una relevancia particular a raíz de los hallazgos en Kamloops, donde el descubrimiento de tumbas vinculadas a estas instituciones educativas forzosas reavivó el debate nacional sobre el legado colonial.
Este tribunal, que actúa como un foro de justicia, pretende ofrecer un espacio para que los testimonios de los sobrevivientes y las comunidades sean escuchados formalmente, cuestionando la responsabilidad institucional sobre las políticas que afectaron a generaciones de niños y familias indígenas en todo el país.
