El gobierno ha presentado una nueva propuesta legislativa que permitiría el uso de inteligencia artificial para la toma de decisiones relacionadas con los beneficios sociales. Según las autoridades, esta medida busca modernizar el sistema de bienestar, agilizando los procesos administrativos a través de la automatización.
Sin embargo, la iniciativa ha generado un intenso debate. Mientras que el Ejecutivo defiende la actualización tecnológica, informes señalan que la implementación de estos sistemas automatizados bajo procedimientos de urgencia podría derivar en una reducción de 55 millones de dólares en los pagos de beneficios sociales.
La posibilidad de que algoritmos y sistemas de IA sean los responsables de determinar la elegibilidad y los montos de las ayudas estatales ha despertado inquietudes sobre la transparencia y el impacto directo en los ciudadanos que dependen de este sistema de asistencia. La legislación, tramitada con celeridad, marca un cambio significativo en la gestión del bienestar social en el país.
