La administración del presidente Donald Trump propuso nuevas reglas en el censo para excluir a los inmigrantes sin estatus legal, reviviendo un debate nacional sobre el recuento poblacional. La medida busca utilizar registros administrativos y podría alterar la asignación de fondos federales y la distribución de escaños en la Cámara de Representantes.
Las propuestas del Buró del Censo para modificar el recuento poblacional
El Buró del Censo de Estados Unidos publicó una propuesta reglamentaria en el Registro Federal que contempla cambios significativos en la manera en que el país contabiliza a sus habitantes. Entre las medidas principales figura la exclusión de las personas que residen en el país sin estatus legal, una iniciativa impulsada por el gobierno federal para modificar los criterios tradicionales que rigen desde la fundación de los censos decenales. La propuesta del Buró del Censo excluiría a los inmigrantes sin estatus legal due to their lack of a sufficient tie and allegiance to the United States
, además de excluir aliens whose legal status is less durable and indefinite in length than lawful permanent resident status
.
Históricamente, el censo cuenta al número total de personas en el territorio estadounidense tal como lo especifica la decimocuarta enmienda constitucional, sin distinción de ciudadanía o estatus migratorio. Sin embargo, la nueva directriz pretende mantener el recuento de los residentes permanentes legales mientras descarta a aquellos considerados con un vínculo insuficiente con el país.
«People who are in our country illegally will not be counted.»
Presidente Donald Trump, vía Truth Social
La agencia, dependiente del Departamento de Comercio, analiza el uso de its enormously broad access to administrative records
para verificar el estatus legal de los encuestados. Eso podría incluir datos recopilados por los departamentos de tesorería, salud y servicios humanos, defensa y seguridad nacional de EE. UU., así como por el servicio postal, según indica la propuesta.
El contexto político y el impulso de un censo extraordinario
La controversia actual se enmarca en una disputa prolongada sobre la redistribución de distritos electorales que determina los 435 escaños de la Cámara de Representantes. Los datos del censo de 2020 subcontabilizaron significativamente a la población en muchos estados rojos como Arkansas, Florida, Misisipi, Tennessee y Texas, mientras que sobrecontabilizaron a muchos estados azules como Delaware, Massachusetts, Nueva York y Rhode Island. Colorado, Florida, Montana, Carolina del Norte, Oregón y Texas ganaron escaños en la Cámara de Representantes tras el censo de 2020, mientras que California, Illinois, Míchigan, Nueva York, Ohio, Pensilvania y Virginia Occidental perdieron escaños, equilibrando los cambios de asignación y reforzando a los republicanos antes de las elecciones de mitad de periodo de 2022.
Reacciones legales y el debate constitucional sobre el recuento
Organizaciones civiles y legisladores demócratas han manifestado su firme oposición a las modificaciones propuestas por la administración, enfrentando una orden de Trump que probablemente se enfrentará a desafíos legales por parte de los demócratas. El Buró determinó que la pregunta sobre la ciudadanía habría reducido el número de personas dispuestas a participar, y la Corte Suprema dictaminó en última instancia en contra de un esfuerzo similar en el primer mandato que fue abandonado cuando Joe Biden asumió el cargo en 2021.
Los demócratas del comité de supervisión de la Cámara de Representantes acusaron al presidente de intentar amañar la encuesta y declararon que la 14ª enmienda es clara sobre que el censo está destinado a contar a todas las personas que viven en los Estados Unidos, afirmando que lucharán contra la medida.
Además de la situación migratoria, el Buró del Censo está reconsiderando las preguntas que hace con respecto a la raza, la etnia y la orientación sexual, apuntando a la naturaleza potencialmente delicada de tales consultas y a la menor necesidad o utilidad de esta información, lo que podría entrar en conflicto con las obligaciones del público bajo la ley federal de responder verazmente a las preguntas del censo. El texto de la propuesta señala que han figurado prominentemente en el discurso nacional dudas sustanciales sobre el significado, la importancia y el impacto de intentar categorizar a las personas por raza y origen étnico, en particular, y se han reflejado en los cambios en la ley.
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