La fiscalía estatal argumenta que la retención de documentos frena la investigación sobre las presuntas actividades ilícitas ocurridas en el Rancho Zorro.
La disputa legal entre el estado de Nuevo México y el gobierno federal escaló de manera formal cuando la fiscalía estatal interpuso una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colombia.
La reapertura de la investigación en Nuevo México y el Rancho Zorro
Las autoridades estatales reactivaron las pesquisas penales en febrero, enfocándose en las denuncias de abusos y delitos cometidos en la propiedad conocida como Rancho Zorro, ubicada cerca de Santa Fe. La decisión de profundizar en el caso surgió tras la divulgación inicial de millones de archivos por parte de las autoridades federales a finales de 2025. Entre esos documentos figura un correo electrónico de 2019 que mencionaba denuncias anónimas sobre enterramientos clandestinos en los terrenos del rancho, un señalamiento que fue reportado en detalle por la cadena informativa.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, señaló que su oficina ha destinado recursos sustanciales al caso, pero advirtió que la falta de cooperación federal impide formular acusaciones formales. En una comunicación enviada a finales de junio a la administración federal, Torrez criticó duramente el impacto del tiempo sobre las pruebas disponibles.
La respuesta del Departamento de Justicia y los límites de acceso a los expedientes
Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos defendió su postura al señalar que las normativas vigentes, incluida la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein y las órdenes de protección judicial vigentes, prohíben la divulgación indiscriminada de datos que puedan identificar a las víctimas. Un portavoz de la agencia federal sostuvo que el estado de Nuevo México carece de un fundamento legal que justifique la entrega de información tan sensible.
El conflicto también refleja tensiones en el ámbito federal. Legisladores han criticado el nivel de censura aplicado a los documentos publicados. Aunque algunos miembros del Congreso han tenido autorización para revisar los expedientes sin tachaduras, el proceso ha enfrentado severas restricciones operativas.
Obstáculos operativos y los próximos pasos en el proceso judicial
La demanda presentada por Nuevo México detalla que la oficina estatal intentó en repetidas ocasiones destrabar el acceso a los registros mediante reuniones y solicitudes formales que acumulan más de 130 días sin una respuesta sustantiva. El fiscal Torrez argumenta que el gobierno federal incumplió un entendimiento previo alcanzado en 2019, en el cual el estado suspendió temporalmente sus pesquisas a cambio de un flujo constante de información compartida que posteriormente se detuvo.
Además de la vía judicial impulsada por la fiscalía, un panel legislativo especial denominado la Comisión de la Verdad de los Sobrevivientes de Nuevo México emitió citaciones a diversas entidades bancarias, oficinas federales y dependencias estatales para recabar datos adicionales sobre las operaciones financieras y las actividades en torno al Rancho Zorro.
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