Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra Cuba que afecta a nueve entidades estatales y tres funcionarios, en una intensificación de la presión de Washington. La medida incluye al Ministerio de la Construcción y a directivos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, lo que generó un rechazo inmediato del gobierno de La Habana.
Sanciones contra nueve entidades estatales y tres directivos
El gobierno de Estados Unidos concretó el jueves una nueva serie de sanciones económicas y diplomáticas dirigidas contra Cuba, enfocándose en sectores clave como la minería y la metalurgia. De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Estado, las medidas restringen las operaciones de nueve entidades estatales que, según la administración estadounidense, respaldan el aparato represivo de la isla mediante el control de sectores económicos vitales.
La lista de organizaciones sancionadas incluye al Ministerio de la Construcción, la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, la comercializadora Metalcuba, el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal) y la importadora de productos metalúrgicos Acinox Comercial. También abarca a la gestora de comercio Coratur, la Empresa Central de Abastecimiento y Ventas de Equipos de Transporte Pesado y Piezas (Transimport), la Empresa Comercializadora de Artículos en General (Consumimport) y la Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales (Acorec), según detallaron los registros oficiales citados en los reportes diplomáticos.
Acusaciones sobre redes de influencia y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos
Además de las restricciones comerciales y financieras sobre el tejido industrial y de construcción cubano, Washington amplió su ofensiva hacia la dirigencia del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). Entre los funcionarios señalados se encuentran el director del organismo y diputado, Fernando González Llort, la vicepresidenta primera Noemí Rabaza Fernández y la directora para Norteamérica, Leima Martínez Freire.
El secretario de Estado estadounidense argumentó que La Habana financia una amplia red en Estados Unidos destinada a identificar, reclutar y radicalizar elementos subversivos que operan principalmente bajo el pretexto de intercambios educativos o culturales
, según el comunicado oficial de la diplomacia norteamericana. La decisión responde, de acuerdo con el mismo despacho, a un intento reciente del gobierno cubano por reactivar dicha red con motivo del centenario del natalicio de Fidel Castro, aprovechando el envío de simpatizantes internacionales a la isla.
Reacción del gobierno cubano y condena en la red social X
La respuesta de La Habana no se hizo esperar. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, utilizó la red social X para denunciar la nueva escalada punitiva y arremetió contra el ritmo con el que Washington emite estas restricciones.
El mandatario añadió que Cuba sabrá resistir y que Estados Unidos quedará registrado en la historia bajo una denominación desfavorable, reafirmando una postura de confrontación directa frente al endurecimiento de la política exterior de la Casa Blanca.
Impacto económico sobre la población y los servicios básicos
Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, profundizó en los efectos prácticos de las medidas punitivas. En sus declaraciones públicas difundidas por medios internacionales de cobertura regional, el titular de Exteriores afirmó que el secretario de Estado estadounidense castiga a las empresas de la isla con el propósito deliberado de afectar
la economía nacional y obstaculizar la subsistencia diaria de sus habitantes.
Rodríguez sostuvo que el objetivo central de estas decisiones es impedir que el Gobierno de Cuba garantice los servicios básicos a la población, que de por sí se encuentran en una situación crítica producto del bloqueo
. Asimismo, el canciller advirtió que las restricciones frenan de manera directa la transportación de contenedores cargados de alimentos, medicinas y dispositivos médicos esenciales, insumos que en su mayoría son adquiridos por las micro, pequeñas y medianas empresas privadas que operan en el territorio cubano.
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