La administración de Donald Trump ha intensificado su presión contra la Corte Penal Internacional con nuevas sanciones a altos cargos, lo que ha provocado que cinco países anuncien su salida de la institución con sede en La Haya en medio de crecientes tensiones por investigaciones sobre crímenes de guerra.
La campaña impulsada por Washington contra la Corte Penal Internacional ha escalado de forma notable con la imposición de sanciones a figuras clave del tribunal, lo que amenaza con fracturar el apoyo internacional a este organismo judicial de última instancia. Las medidas punitivas y las presiones diplomáticas han abierto un debate profundo sobre el compromiso real de los Estados miembros con la justicia internacional ante la ofensiva estadounidense.
Sanciones de Estados Unidos contra la presidencia y altos mandos de la Corte Penal Internacional
En febrero de 2025, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que estableció el marco para sancionar a los funcionarios de la corte.
«corrupt and fatally politicized.»
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU.
Las medidas restrictivas congelan los activos que ambos funcionarios puedan poseer en jurisdicciones estadounidenses y les prohíben realizar transacciones financieras con ciudadanos o entidades de Estados Unidos. Rubio defendió estas decisiones al argumentar que el tribunal ha abusado de su autoridad de manera maliciosa y ha excedido su mandato al intentar investigar a personal de naciones que no forman parte del Estatuto de Roma.
La respuesta del tribunal no se hizo esperar. Desde La Haya, los responsables de la corte señalaron que las sanciones atentan contra el Estado de derecho y representan un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial. La controversia jurídica gira en torno a la competencia del tribunal para investigar crímenes cometidos en territorios de estados miembros, como ocurre con las investigaciones sobre presuntos abusos de personal estadounidense en Afganistán y las órdenes de arresto emitidas contra altos cargos israelíes por los hechos en Gaza.
Retirada de países miembros y el impacto de la campaña diplomática de Washington
La presión estadounidense va más allá de las sanciones individuales. El gobierno de Washington ha presuntamente instado a diversas naciones a reconsiderar su participación en el tribunal.
Entre los casos más recientes destaca el de Chad. El ministro de Relaciones Exteriores chadiano, Abdoulaye Sabre Fadoul, informó que tras una llamada telefónica mantenida el 23 de julio con un representante estadounidense, en la cual el bando norteamericano expresó su preocupación por el funcionamiento del tribunal y solicitó revisar la membresía, el país africano anunció su salida apenas cuatro días después. Venezuela, Burkina Faso, Mali y Niger completan el bloque de naciones que han decidido apartarse del tribunal en este periodo.
Especialistas en derecho internacional señalan que esta ofensiva diplomática pone a prueba la solidez del sistema global de justicia. Iva Vukušić, investigadora de la Universidad de Utrecht, advirtió que la campaña norteamericana evidenciará si los países restantes están dispuestos a defender la corte cuando esto suponga un costo real.
Justificaciones políticas y el caso pendiente de Rodrigo Duterte
Las razones detrás de las salidas del tribunal varían según la región. Las juntas militares que gobiernan en Mali, Burkina Faso y Níger han justificado su marcha al argumentar que la corte se ha convertido en un instrumento de represión neocolonial, mientras que expertos legales consultados apuntan que los regímenes autoritarios buscan eludir la rendición de cuentas por los abusos cometidos internamente.
A pesar de estas salidas, el alcance del tribunal se mantiene sobre los casos abiertos con anterioridad, ya que la retirada no tiene carácter retroactivo. Un ejemplo claro se observa en Filipinas, cuyo exmandatario Rodrigo Duterte retiró a su país de la institución en 2019. Actualmente, Duterte se encuentra detenido en los Países Bajos a la espera de ser juzgado por presuntos crímenes de humanidad derivados de sus operaciones antidrogas, con los alegatos iniciales programados para el mes de noviembre.
También te puede interesar