Nazira Haji Zada, una residente legal permanente de 47 años en Texas, fue deportada a Afganistán después de que el Departamento de Justicia la acusara de apoyar un complot terrorista inspirado por ISIS para el Día de las Elecciones de 2024. El caso marca el primer uso de la Corte de Remoción de Terroristas Extranjeros desde su creación en 1996.
La afectada, identificada como Nazira Haji Zada, de 47 años y residente en Fort Worth, Texas, fue arrestada en julio y optó por no continuar la disputa legal en el tribunal especial creado hace tres décadas, informó el Departamento de Justicia el viernes.
Antecedentes del complot en 2024 y el papel de la familia
Aunque las autoridades federales nunca presentaron cargos criminales directos contra la mujer, la investigación federal la vinculó directamente con las actividades de sus familiares cercanos. El hijo de Haji Zada, Abdullah Haji Zada, y su yerno, Nasir Ahmad Tawhedi, fueron procesados y condenados el año pasado tras ser arrestados en octubre en una operación encubierta del FBI mientras intentaban comprar armas y liquidar sus bienes para financiar un ataque masivo planeado para el Día de las Elecciones de 2024.
El director del FBI, Kash Patel, señaló que la residente había apoyado la conspiración dentro de su hogar y promovido la ideología extremista. Por su parte, el fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, John Eisenberg, indicó que la mujer abusó de la hospitalidad del país al respaldar las acciones violentas de sus familiares mientras disfrutaba de los beneficios de su residencia legal en suelo estadounidense, según declaraciones emitidas por la dependencia.
Funcionamiento y controversia de la Corte de Remoción de Terroristas Extranjeros
El caso representa un hito procesal debido a que el tribunal encargado del proceso había permanecido inactivo desde su sanción legislativa en 1996. La Corte de Remoción de Terroristas Extranjeros (ATRC, por sus siglas en inglés) fue diseñada para permitir la expulsión de noncitiizens cuando los procedimientos ordinarios resultan inviables porque los elementos probatorios contienen información clasificada que no puede revelarse públicamente por motivos de seguridad nacional.
Bajo las normas de este tribunal federal compuesto por jueces del Artículo III, los afectados no tienen permitido examinar las pruebas clasificadas utilizadas en su contra ni impugnar los métodos de recopilación de inteligencia utilizados por el gobierno.
El fiscal general Todd Blanche destacó mediante un comunicado la importancia de la medida en el marco de las prioridades de seguridad del gobierno federal en la nueva fase de acciones migratorias impulsada por la administración actual.
Reacciones de la defensa y perspectivas futuras del tribunal
La defensa pública que representó a la mujer cuestionó severamente la constitucionalidad del proceso judicial. Matthew Farley, defensor público a cargo del caso, argumentó que someter a residentes legales a tribunales donde se ocultan las pruebas vulnera las garantías constitucionales del debido proceso, según reportó la agencia de noticias.
Matthew Farley, abogado defensor público, señaló que la decisión de consentir la expulsión no debía interpretarse como un respaldo a la legitimidad de dicho tribunal.
En el expediente oficial, la defensa registró que Haji Zada concedió ser considerada una terrorista extranjera y renunció a la apelación de la orden de deportación, poniendo fin a su estatus migratorio anterior. A pesar de la culminación de este proceso, los analistas legales señalan que persiste la incertidumbre sobre si el Departamento de Justicia optará por utilizar nuevamente este obscurecido tribunal en el futuro o si las objeciones sobre sus reglas secretas derivarán en nuevas batallas constitucionales en los tribunales federales.
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