La Comisión Central Electoral de Israel votó el 23 de septiembre de 2026 para inhabilitar a todos los partidos de mayoría árabe de cara a las elecciones del 27 de octubre, una decisión impulsada por bloques de la coalición gobernante y el sector de extrema derecha que ahora deberá resolver la Corte Suprema.
La votación de la Comisión Central Electoral y el veto a los partidos árabes
La Comisión Central Electoral aprobó el miércoles inhabilitar la participación de las formaciones de mayoría árabe en los comicios generales del 27 de octubre, un giro drástico que amenaza con excluir a la representación política del sector que constituye cerca del 20% de la población del país. La medida afectó tanto a la Lista Unida —compuesta por Ta’al, Balad y el partido judío-árabe Hadash— como a la formación Ra’am, liderada por Mansour Abbas.
Las peticiones para vetar a las listas fueron presentadas por el partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu y por el bloque de extrema derecha Otzma Yehudit, encabezado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. Los solicitantes argumentaron que las formaciones rechazan la definición de Israel como un Estado judío y democrático, promueven un Estado de todos sus ciudadanos y respaldan la lucha armada contra el país.
Los partidos y legisladores afectados negaron enfáticamente las acusaciones de apoyar la violencia. Por su parte, la Fiscalía General, representada por la fiscal general Gali Baharav-Miara y el fiscal del Estado Amit Eisman, se opuso a la inhabilitación de Ra’am y de la Lista Unida, al concluir que las pruebas presentadas por los peticionarios resultaban insuficientes para cumplir con el estricto umbral legal que exige la legislación israelí.
El precedente de Ra’am y la reacción de Mansour Abbas
La inhabilitación de Ra’am marca un hito tenso en el tablero político israelí, recordando el peso histórico que la formación adquirió en 2021 al integrarse en una coalición de gobierno que apartó temporalmente a Netanyahu del poder. La formación había intentado ampliar su base recientemente al reclutar al candidato judío Yoav Segalovitz, exfuncionario reconocido por sus gestiones en materia de seguridad en las comunidades árabes.

Abbas sostuvo que el primer ministro busca impedir a toda costa la formación de un nuevo bloque de cambio mediante la exclusión de su fuerza política de la contienda.
El primer ministro comprende que la única manera de impedir el establecimiento de un gobierno de cambio es descalificar a Ra’am. Mansour Abbas, presidente de Ra’am
La inhabilitación de los legisladores Ofer Cassif y Sami Abu Shehadeh
Además de las listas partidarias, la comisión aprobó excluir a candidatos individuales. Entre ellos figuran el legislador judío Ofer Cassif, perteneciente al partido Hadash, y Sami Abu Shehadeh, presidente del partido nacionalista Balad y ex miembro de la Knéset.

El caso contra Abu Shehadeh se centró en un artículo que publicó el 8 de octubre de 2023, un día después del ataque liderado por Hamás en el sur de Israel. En el texto, el político describió los acontecimientos como un acontecimiento histórico relevante desde una perspectiva militar y estratégica. La petición presentada por Otzma Yehudit sostuvo que tales palabras constituían una forma de respaldo a la lucha armada, argumento respaldado parcialmente por la fiscalía al señalar que las explicaciones de Abu Shehadeh no disipaban del todo las dudas, aunque la dependencia evitó exigir su expulsión directa debido a los altos estándares que exige el poder judicial.
El papel de la Corte Suprema frente a la decisión
Las resoluciones de la Comisión Central Electoral no son definitivas. Dado que los integrantes de la comisión son representantes de los partidos que conforman el parlamento saliente, las decisiones suelen reflejar las correlaciones de fuerzas partidarias y los cálculos de la campaña en curso. Los partidos afectados anunciaron su intención de presentar recursos inmediatos ante la Corte Suprema de Justicia.

El historial judicial muestra que el tribunal supremo interpreta de manera estricta el artículo 7.º de la Ley Básica sobre la Knéset, exigiendo pruebas claras, convincentes y inequívocas de que un objetivo prohibido constituye el eje central de la actividad de una lista.
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