El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue detenido en el aeropuerto de Santa Cruz junto a otros funcionarios, días después de que Estados Unidos le revocara la visa y lo acusara de facilitar el narcotráfico y aceptar sobornos para proteger a delincuentes violentos.
Detienen al fiscal general Roger Mariaca en el aeropuerto de Santa Cruz
Las autoridades bolivianas detuvieron al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, en el aeropuerto internacional de Viru Viru (también mencionado en reportes como Santa Cruz de la Sierra), según confirmaron los ministros del gabinete de gobierno en una conferencia de prensa en La Paz. La intervención policial se produjo tras una serie de operativos nocturnos y de madrugada que incluyeron la aprehensión de un total de 14 personas vinculadas al Ministerio Público.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo ante los medios que la institución fiscal operaba como una red de protección para el narcotráfico. Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la justicia y en la administración de una institución muy importante en nuestro país, como es el Ministerio Público
, afirmó Oviedo, según el reporte de agencias difundido por Yahoo. A Mariaca se le investiga por los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas. El ministro estuvo acompañado por los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de la Presidencia, Fernando Aramayo, además de altos jefes policiales durante la conferencia de prensa en la que indicó que esta «organización criminal» estaba «destinada a incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país».
La lista de detenidos en los operativos de la policía boliviana, realizados entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, incluye a nueve miembros de la Fiscalía y a seis empleados de la institución que presuntamente intentaban sacar documentación de la casa de Mariaca. Asimismo, las autoridades arrestaron a más de cuatro personas que se desplazaban en una ambulancia que transportaba dinero desde el domicilio del antiguo fiscal general del Estado, un monto que todavía no ha sido cuantificado pero que las autoridades atribuyen a extorsiones a ciudadanos.
Horas antes de su arresto, circularon videos y audios atribuidos al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado en Bolivia en marzo y trasladado a Estados Unidos, en los cuales menciona supuestos vínculos con el exfiscal general.
Estados Unidos sanciona a doce ciudadanos bolivianos
El arresto ocurrió apenas 48 horas después de que el gobierno estadounidense anunciara restricciones de visa y la cancelación de documentos vigentes para doce ciudadanos bolivianos y sus familias, medida que afectó directamente a Mariaca y a Zeballos. Washington fundamentó la sanción en que los señalados abusó de sus posiciones públicas solicitando y aceptando sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudó a los delincuentes violentos a evadir la justicia
, de acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Estado.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, respaldó las acciones del Ejecutivo boliviano en la red social X y saludó el liderazgo del país sudamericano en la cooperación regional de seguridad enmarcada en el Escudo de las Américas. Por su parte, el gobierno boliviano contó con el apoyo operativo de la agencia antidroga estadounidense DEA, aunque la ejecución de las detenciones corrió por cuenta de la policía local. Las medidas forman parte del acercamiento diplomático impulsado por el presidente de centroderecha Rodrigo Paz, quien asumió el gobierno en noviembre para recomponer los lazos con Estados Unidos.
Surgen disputas por la sucesión en la fiscalía
Montaño procedió a nombrar a Mabel Andrade Molina como fiscal departamental de Santa Cruz en reemplazo de Alberto Zeballos, al ser la decana del distrito en dicha fiscalía departamental. Sin embargo, el Ejecutivo boliviano desconocieron el nombramiento, catalogándolo de autoproclamación a través del vocero presidencial José Luis Gálvez y del ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo, mientras que legisladores como el diputado Omar Muriel del Comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados señalaron que Mariaca continúa legalmente en el cargo en tanto no sea destituido mediante un juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa Plurianual.
Por otro lado, figuras jurídicas externas como el abogado José Luis Santistevan reclamaron que la Asamblea aborde el tema con carácter de urgencia ante la situación carcelaria de la autoridad. Entre las reacciones políticas, la Central Obrera Boliviana y el vicepresidente Edmand Lara expresaron su postura exigiendo el respeto al debido proceso en las investigaciones contra los funcionarios implicados.
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