Cientos de miles de inmigrantes con estatus legal en Estados Unidos corren el riesgo de perder la cobertura sanitaria de Medicaid a partir de este jueves tras la entrada en vigor de restricciones aprobadas en la ley de 2025 impulsada por el presidente Donald Trump, una medida que afecta a refugiados, asilados y víctimas de trata.
El inicio del año fiscal 2027 marca un punto de inflexión para la asistencia médica pública en el país. A partir de este 1 de octubre, las modificaciones presupuestarias incluidas en la legislación conocida como One Big Beautiful Bill Act eliminan la elegibilidad a Medicaid para diversos grupos de no ciudadanos que residen legalmente en el territorio con permisos del Gobierno federal.
Quiénes pierden el acceso a la cobertura médica pública
La pérdida de elegibilidad afecta de forma directa a personas que cuentan con autorizaciones oficiales debido a situaciones de persecución, violencia o servicio a las instituciones estadounidenses. Entre los grupos excluidos figuran las personas refugiadas, quienes obtuvieron asilo tras huir de sus países de origen, los sobrevivientes de trata sexual y de violencia doméstica con estatus especial, así como personas con parole humanitario.
La medida también alcanza a los cónyuges e hijos de veteranos militares que viven legalmente en el país, además de intérpretes afganos que colaboraron con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y debieron exiliarse por el riesgo de sufrir represalias. Stephen Cha, comisionado del Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey, resumió el alcance humano de la disposición al señalar: Estamos hablando de víctimas de trata. Estamos hablando de los esposos, las esposas y los hijos de veteranos que viven aquí legalmente
, según recogió Diario Migrante.
No obstante, la normativa establece excepciones claras. Los menores de 19 años, muchas personas menores de 21 con presencia legal, las mujeres embarazadas, quienes poseen la residencia permanente (green card) y aquellos que requieren atención de urgencia en los hospitales mantienen su cobertura o el acceso a servicios de emergencia.
Diferencias entre las estimaciones federales y los datos estatales
El impacto numérico de la reforma genera discrepancias entre las proyecciones oficiales y los registros de los Estados. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) calculó inicialmente que los cambios legislativos provocarían que unos 100.000 inmigrantes con estatus legal perdieran su seguro hacia 2034. Sin embargo, un análisis de KFF Health News realizado en nueve estados y el Distrito de Columbia revela una realidad distinta y más inmediata.
Solamente en Florida, el Departamento de Niños y Familias identificó a casi 177.000 inmigrantes que dejarían de ser elegibles para el programa a partir de octubre.
- Florida: casi 177.000 personas identificadas por el departamento estatal.
- Carolina del Norte: unos 29.000 residentes afectados.
- Arizona: cerca de 28.000 personas que podrían perder la elegibilidad.
- Nueva Jersey: entre 15.000 y 25.000 residentes no ciudadanos excluidos, según las estimaciones locales.
- Estado de Washington: 11.000 personas en riesgo de perder cobertura.
En total, tan solo en ese grupo de territorios, más de 281.000 personas enfrentan la pérdida de sus beneficios, lo que sugiere que las proyecciones de la CBO subestimaron el alcance de la ley, según los datos difundidos por El País.
Ahorro presupuestario y debate sobre políticas migratorias
Los promotores de la ley sostienen que la retirada de la cobertura médica a estos sectores contribuirá de manera sustancial a las finanzas públicas. La legislación estima que la exclusión de Medicaid generará un ahorro superior a los 900.000 millones de dólares para las arcas federales hasta el año 2034.
Sin embargo, analistas económicos y expertos en salud pública cuestionan la justificación estrictamente financiera de la medida.
El impacto humano en los beneficiarios y opciones locales
Para quienes dependen de la asistencia pública para tratar enfermedades crónicas o condiciones graves, la nueva normativa plantea escenarios complejos. Organizaciones como el Comité Internacional de Refugiados (IRC) advierten que la interrupción de tratamientos para dolencias como la diabetes, afecciones renales, epilepsia o asma puede derivar en situaciones críticas para la salud y el desarrollo de niños y adultos.
Entre las personas afectadas se encuentra Ahin, una refugiada siria de 25 años que llegó a Estados Unidos en 2024 tras huir de la guerra. Medicaid cubrió los costos de una cirugía intestinal y las consultas posteriores con especialistas, al igual que el tratamiento de su madre asmática.
La afectada expresó su profunda inquietud ante la falta de alternativas para sufragar gastos médicos de emergencia.
Frente a este escenario, las respuestas varían según la jurisdicción estatal. Algunos gobiernos locales, como California y Oregón, han implementado mecanismos para transferir a los grupos afectados hacia esquemas de cobertura financiados con fondos propios del Estado. No obstante, defensores de los derechos de los inmigrantes señalan que la confusión en los canales de comunicación y el temor a represalias institucionales incrementan la vulnerabilidad de las familias afectadas en todo el país.
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