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La acusación señala que el imputado enfrenta 13 cargos por Alteración de Pruebas Físicas, clasificados como delitos graves de clase E según la legislación penal estatal. Se alega que el acusado, durante el mes de junio, actuó con la intención de impedir que ciertas pruebas físicas fueran producidas o utilizadas en un proceso judicial oficial o potencialmente oficial, mediante actos de ocultamiento, alteración o destrucción de dichas pruebas.
