Una jueza federal de Washington suspendió indefinidamente la retirada de árboles y frenó los planes de remodelación del histórico campo de golf Washington Post tras una batalla legal entre la administración Trump y los defensores del patrimonio local.
El litigio que enfrenta los planes del presidente Donald Trump para transformar NPR en un circuito de campeonato ha escalado drásticamente en los tribunales federales de Washington. La jueza federal de distrito Ana Reyes emitió una sentencia de 70 páginas en la que prohíbe al gobierno talar más árboles en el terreno sin una autorización judicial previa.
La orden judicial y el pulso por la tala de árboles en Hains Point
La disputa judicial se intensificó después de que el gobierno cortara casi 430 árboles en un solo día, aprovechando el viernes de un fin de semana festivo. La administración defendió la tala argumentando que respondía a una directriz de 2019 para mejorar las condiciones del campo, una explicación que no convenció a la magistrada.
Yo no soy el Lorax. Yo no hablo por los árboles
, declaró Reyes, citando al personaje del Dr. Seuss para explicar por qué intervino. La jueza calificó la actuación del Ejecutivo como una sorpresa que contradijo las garantías dadas previamente al tribunal.
Bajo la nueva orden, el gobierno debe notificar con 10 días de anticipación cualquier modificación irreparable en el campo de golf.
El futuro del campo de golf y la reacción del gobierno
El proyecto impulsado por el secretario del Interior, Doug Burgum, y diseñado por el arquitecto Tom Fazio pretende construir un campo de categoría internacional capaz de albergar torneos de la PGA o el Abierto de Estados Unidos. El presidente Trump reiteró en su cuenta de Truth Social que el nuevo espacio estará abierto al público y calificó la decisión de la jueza como inconstitucional, añadiendo que su administración buscaría apelar.
La jueza no tiene el derecho constitucional de pedir o recibir avisos, los cuales consumen mucho tiempo, son innecesarios, costosos y anticonstitucionales.
President Trump, vía CBS News
A pesar de los obstáculos legales, la administración mantiene su intención de clausurar las instalaciones el 15 de noviembre para iniciar unas obras que, según los planes oficiales, se prolongarán durante 15 meses.
La movilización comunitaria y la defensa del espacio público
Mientras los abogados del Departamento de Justicia y los demandantes, representados por Democracy Forward, preparan los siguientes pasos procesales, los usuarios habituales del parque mantienen su resistencia. Corredores, ciclistas y aficionados al golf han expresado su preocupación por el futuro del acceso a la zona de Hains Point.
Nos alegramos de que el tribunal haya intervenido para detener la codicia y la ilegalidad de la administración mientras el caso continúa, declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, al conocer el fallo.
Durante una audiencia celebrada en el juzgado, la jueza Reyes interrogó a funcionarios de la administración, incluyendo al jefe de gabinete adjunto del Departamento de Interior, Gregory Wischer. Los testimonios revelaron tensiones sobre la cronología de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo, que según los representantes legales de los demandantes —liderados en estrados por Abbe Lowell— contradijeron declaraciones previas.
El campo de East Potomac se distingue por haber ofrecido acceso asequible al golf para los residentes del Distrito de Columbia. Bajo gestiones anteriores, el uso anual del campo se duplicó, superando las 120,000 rondas jugadas.
Por su parte, los críticos del plan señalan que existen pasos que el gobierno puede tomar para mejorar el parque —como arreglar el muro de contención marino— sin arriesgar el acceso a recursos públicos. Pese al clima de incertidumbre jurídica, los ciudadanos que frecuentan Hains Point aseguran que continuarán utilizando las instalaciones públicas hasta que se les indique formalmente lo contrario.
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