Un tribunal federal de apelaciones en Boston rechazó el sábado una solicitud del gobierno de Donald Trump para implementar una orden ejecutiva que restringiría el voto por correo en 23 estados. La decisión mantiene vigente el bloqueo judicial impuesto el 25 de junio, al considerar que la directiva presidencial carece de sustento legal.
El fallo de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito
La Corte de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, emitió un fallo dividido de 2-1 que impide a la administración de Donald Trump aplicar su orden ejecutiva sobre el voto por correo de cara a las elecciones de noviembre, las cuales determinarán el control del Congreso. El tribunal denegó la petición del Departamento de Justicia para suspender el mandato de la jueza de distrito Indira Talwani, quien había bloqueado la medida el 25 de junio tras concluir que partes clave de la orden del presidente republicano eran inconstitucionales.
El Departamento de Justicia había argumentado que, debido a que las agencias gubernamentales aún no habían finalizado las acciones y políticas para implementar la directiva de Trump, cualquier demanda que desafiara su orden era prematura. Sin embargo, los jueces rechazaron este argumento en su dictamen.
“As the district court reasoned, the (executive order) lays out a clear set of rapidly approaching deadlines by which states must coordinate with federal officials and comply with new voting procedures — all while the states must also ensure that their officials and the public understand the evolving set of rules that would govern the upcoming September and November elections,” escribieron los jueces. The Plaintiff States have no practical choice but to respond to the (order) now.
Antes de que la jueza Talwani emitiera su fallo, un juez federal en Washington, D.C., había rechazado un esfuerzo relacionado por parte de los demócratas para bloquear la orden bajo argumentos similares. El Departamento de Justicia advirtió que, ante la ausencia de un fallo a su favor por parte del Primer Circuito, podría verse obligado a solicitar la intervención de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Alcance de la orden ejecutiva de marzo
Trump firmó la orden ejecutiva en marzo, tras años de solicitar normas más estrictas sobre el voto por correo y promover la afirmación falsa de que su derrota electoral en 2020 fue resultado de un fraude electoral generalizado. Bajo la Constitución de los Estados Unidos, los estados tienen asignada la función de administrar las elecciones federales.
La orden de marzo ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) compilar y transmitir a los estados una lista de ciudadanos estadounidenses confirmados elegibles para votar en cada estado, derivada de registros de ciudadanía, naturalización y otras bases de datos federales. Además, exigió al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) entregar boletas únicamente a los votantes en la lista aprobada de voto por correo de cada estado. El USPS intentó implementar la directiva emitiendo nuevas reglas propuestas que requerían que los estados proporcionaran los nombres y códigos de barras vinculados a sus boletas de voto por correo.
La orden también instruyó al Departamento de Justicia a priorizar la investigación y el enjuiciamiento de funcionarios electorales estatales y locales que emitieran boletas federales a personas consideradas «no elegibles» para votar. Sin embargo, la jueza Talwani, al fallar a favor de una coalición de 23 estados y el Distrito de Columbia —liderada por California, Massachusetts, Nevada y Washington—, determinó que el presidente carecía de autoridad para ordenar al DHS la compilación de listas de elegibilidad de votantes y que el USPS no tenía autorización estatutaria para adoptar regulaciones vinculantes sobre el voto por correo.
La jueza, nombrada por el presidente demócrata Barack Obama, señaló que Trump tampoco podía intentar, a través de su orden, intimidar a los funcionarios electorales locales para que utilicen las listas de ciudadanía confirmada, necesariamente incompletas, como recurso, so pena de enfrentar un proceso penal.
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