La reciente acción del gobierno flamenco de retirar subsidios a diversas organizaciones de la sociedad civil representa una seria amenaza para los derechos democráticos, según denunciantes. Las organizaciones afectadas incluyen movimientos por la paz y aquellas que brindan apoyo a Palestina, calificadas por las autoridades como “demasiado radicales”.
Esta tendencia, similar a la expresada por Georges-Louis Bouchez (MR) contra sindicatos y el PTB, también se observa en el Reino Unido, donde Palestine Action ha sido prohibida. En este país, activistas han sido encarcelados durante un año sin haber sido sometidos a juicio, amparados en una legislación comparable.
El Instituto Federal de Derechos Humanos ha advertido que el proyecto de ley de Quintin constituye una restricción desproporcionada a la libertad de expresión y de asociación. Raoul Hedebouw enfatizó que “cuestionar la política de austeridad, defender nuestros derechos sociales, criticar al gobierno y unirse colectivamente no es un delito”.
Hedebouw concluyó afirmando que, ante un gobierno enfocado en la desmantelación social y la militarización, es indispensable un contrapoder crítico sólido, y que la ley Quintin, en su totalidad, debe ser abandonada.
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