Compromiso a último minuto: el gobierno rumano destina fondos de los magistrados a un paquete social.
Después de tres días de intensas discusiones y tensiones en el Parlamento, el Primer Ministro Ilie Bolojan anunció un acuerdo dentro de la coalición gobernante. El paquete social solicitado por el PSD, que amenazaba con bloquear la aprobación del presupuesto, será incluido en el proyecto final.
La solución, según explicó Bolojan, implica la reducción de los fondos destinados a los magistrados por derechos salariales ganados en instancias judiciales. En esencia, se pospondrán estos pagos.
El anuncio se produjo tras una reunión convocada por Sorin Grindeanu con los líderes de la coalición. Bolojan enfatizó la responsabilidad de desbloquear las negociaciones presupuestarias y encontrar una fórmula que permitiera el apoyo al paquete social.
Inicialmente, se consideró la posibilidad de aumentar el déficit para cubrir los costos de las enmiendas parlamentarias, pero esta opción fue descartada. “Decidimos reducir la partida de gastos correspondiente a los derechos obtenidos por los magistrados en años anteriores y, en la práctica, posponerlos”, declaró Bolojan.
El Primer Ministro informó que la sesión de las comisiones parlamentarias de presupuesto se reanudará hoy, y el viernes se reunirá el pleno conjunto del Parlamento para votar la ley del presupuesto estatal. “No se aceptarán otras enmiendas”, añadió Bolojan.
En concreto, los líderes de la coalición han decidido redirigir fondos asignados al presupuesto de la Corte Suprema para la devolución de sumas ganadas en juicios por los magistrados. Parte de esta cantidad se transferirá al paquete de solidaridad del PSD, que contempla la entrega de ayudas a los pensionistas.
El gobierno, por lo tanto, no pagará la totalidad de los fondos a los magistrados, sino solo una parte. Originalmente, el presupuesto de la Corte Suprema preveía una suma de 4.940 millones de lei para gastos de personal, lo que representa un aumento del 47,9% en comparación con 2025.
