Hace cuatro años, a Pepe Espino, un ciudadano español, le diagnosticaron un cáncer de próstata en estadio 4, con metástasis en los huesos, pulmones y tejidos blandos. En aquel momento, los médicos fueron cautelosos y estimaron su esperanza de vida en cinco años.
A pesar de estar en tratamiento en Barcelona como parte de un ensayo clínico, continuó trabajando durante casi dos años, según informa el medio catalán 3CatInfo.
Sin embargo, las terapias hormonales paliativas terminaron por agotarlo. Fatiga intensa, dolores articulares agudos, hormigueos constantes y ansiedad persistente marcaron su día a día. Tras dos años y medio de baja laboral, fue citado por el Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) para una evaluación. Tras una entrevista de unos veinte minutos, llegó la decisión: fue considerado apto para reincorporarse a la actividad profesional.
Reclamación presentada
Ante esta decisión, la indignación es generalizada. Según informa Pleinevie.fr, el abogado de Pepe Espino, Jaume Cortés, ha destacado lo absurdo de exigir a un hombre en su estado que vuelva a trabajar. Sus familiares, por su parte, denuncian una administración desconectada del sufrimiento de los pacientes. Este caso pone de manifiesto la dificultad de conciliar los imperativos presupuestarios de las instituciones con la dignidad de los enfermos.
Se ha presentado una reclamación ante la Seguridad Social española y el caso de Pepe Espino está nuevamente en manos del ICAM. Esta revisión supone una esperanza para el paciente y sus seres queridos, quienes esperan que la gravedad de su estado sea finalmente reconocida.
