El Tribunal Oral Federal 2 ordenó embargar preventivamente el departamento de la calle San José 1111, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple arresto domiciliario. La medida judicial forma parte de una segunda etapa de decomiso en la causa Vialidad destinada a cubrir el monto de 685.000 millones de pesos fijado en la sentencia.
La decisión fue adoptada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso en el marco de la ejecución de la condena del caso Vialidad. El listado de la nueva etapa preventiva comprende 144 bienes entre inmuebles y vehículos, además de participaciones societarias y activos financieros vinculados a los condenados en el expediente judicial.
El embargo sobre el departamento de San José 1111 y la situación habitacional
El inmueble ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, pertenece formalmente a la sociedad inmobiliaria Los Sauces S.A., una firma que fue investigada previamente por lavado de activos. A pesar de recaer sobre la propiedad, la medida cautelar no obliga a Cristina Kirchner a abandonar el domicilio de manera automática ni altera por el momento el lugar donde cumple su arresto domiciliario.
El objetivo principal de los magistrados al trabar el embargo preventivo es impedir que el activo sea transferido, gravado o retirado de la jurisdicción mientras avanza el procedimiento de ejecución patrimonial. De acuerdo con los registros del expediente, el monto total que los condenados deben cubrir de forma solidaria asciende a 685.000 millones de pesos por el perjuicio económico determinado en la causa sobre la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz.
Propiedades en Puerto Madero, Santa Cruz y fondos en el Banco Galicia
Además del departamento en Monserrat, la resolución del Tribunal Oral Federal 2 abarca un conjunto extenso de bienes en la Ciudad de Buenos Aires y en la Patagonia. Entre las propiedades figur un dúplex, un departamento, siete cocheras y una baulera en el Complejo Madero Center de Puerto Madero, unidades que tuvieron como único inquilino al empresario Cristóbal López.
En la provincia de Santa Cruz, las medidas cautelares recayeron sobre el terreno del Hotel La Aldea del Chaltén, lotes en El Calafate, el chalet de la expresidenta ubicado en la costanera de Río Gallegos y otras tres viviendas en esa misma ciudad. Asimismo, la resolución incorporó más de 5 millones de dólares atribuidos a Florencia Kirchner que se encontraban en una caja de seguridad del Banco Galicia, una suma cuyo origen lícito la defensa no logró acreditar durante las investigaciones conexas de la causa Hotesur.
El fundamento legal y los bienes bajo análisis de la Corte Suprema
Para fundamentar las nuevas medidas restrictivas, el tribunal se remitió a las conclusiones del fallo condenatorio, el cual determinó que la maniobra de corrupción en la obra pública generó beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner
. Los jueces remarcaron que durante el período analizado entre 2003 y 2015 existió una conexión económica y comercial comprobada a través de las sociedades Hotesur y Los Sauces.
Los magistrados sostuvieron que el dinero proveniente de las irregularidades investigadas circuló y se asentó en los activos de esas empresas.
Esta segunda etapa de embargos se ejecuta en paralelo al destino de la primera tanda de 111 propiedades —que incluye 20 inmuebles de la familia Kirchner y 85 de Lázaro Báez y sus empresas—, cuya ejecución solicitada por el fiscal Diego Luciani se encuentra actualmente bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia tras las apelaciones de las defensas.
Lectura relacionada